Aunque ya han pasado más de doce meses desde la firma de los acuerdos de paz, las constantes amenazas y hostigamientos que sufren los líderes sociales de las distintas regiones del país que abanderan proyectos de restitución de tierras, defensa de los recursos naturales y sindicatos, siguen siendo una lamentable realidad con cifras en aumento.

Desde que entraron en marcha los acuerdos entre gobierno y Farc han sido asesinados 205 líderes en todo el país, cinco de ellos en el departamento del Cesar, según un informe entregado por el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) que registra desde diciembre de 2016 a los departamentos de Cauca, Nariño, Antioquia, Valle y Chocó con la mayor cantidad de crímenes.

En lo que va corrido de 2018 han sido asesinados 27 líderes en el país mientras otros siguen sufriendo percusiones por parte de bandas criminales que se enfrentan por ocupar el espacio dejado por las guerrillas desmovilizadas según manifestó Leonardo González, coordinador de la Unidad Investigativa de Indepaz.

De hecho, a principios del mes de febrero 18 miembros de organizaciones sociales en el Cesar recibieron amenazas frente a las que la Controlaría pidió investigaciones de las autoridades. Las razones del aumento de estos hechos se deben a la lucha por el control de territorio y de los recursos provenientes tanto de la minería ilegal como de los cultivos ilícitos de acuerdo a lo que explica Camilo González Posso, director de Indepaz.

El gobierno nacional emitió un decreto antes de que finalizara el año 2017 a través del cual figuran las administraciones departamentales y municipales como los primeros respondientes por los líderes y defensores. Para esto deben diseñar estrategias mediante las cuales impidan que se efectúen situaciones riesgosas para los líderes.

Además, desde la ONU se ha advertido sobre la inseguridad que viven algunas zonas de Colombia que han sido afectadas por el conflicto y se ha enfatizado en la preocupación por el incremento en el número de asesinatos de líderes sociales, junto a la promoción del desarme.

Por: Daniela Rincones Julio/ EL PILÓN
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