El último recurso que tenía el Estado colombiano para revivir las 16 curules de paz en el Congreso de la República fue negado por el Consejo de Estado. El alto tribunal revocó una decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que en diciembre de 2017 ordenó al presidente del Senado remitir el proyecto de acto legislativo al Presidente de la República para su promulgación.

De acuerdo con la decisión, la acción de cumplimiento interpuesta por el Ministro del Interior no agotó los procedimientos que se requieren para la presentación de dicha demanda. La decisión corresponde a una impugnación interpuesta por el representante del Senado contra la sentencia que accedió a las pretensiones de la demanda que se basó en que mientras el Gobierno sostuvo que los 50 votos favorables al proyecto de las curules en el Congreso eran suficientes para su aprobación, la mesa directiva del Senado argumentó que se necesitaban 51 votos.

Sin embargo, el Consejo de Estado, ahora negó esas pretensiones por considerar en resumen que la acción de cumplimiento no era el recurso que se debía utilizar para reclamar en ese caso. La decisión fue adoptada por la Sección Quinta con ponencia del consejero Carlos Enrique Moreno Rubio.

De ser aprobadas, estas circunscripciones serían ocupadas por las víctimas del conflicto armado de las regiones donde el Estado no ha hecho presencia. Los aspirantes tenían acreditar su condición y estar en el registro de la unidad de atención para las víctimas del conflicto armado.

En el Cesar habían sido tenidos en cuenta seis municipios: Codazzi, La Jagua de Ibirico, La Paz, Pueblo Bello, Becerril y Valledupar; los cuales conformaban la circunscripción número 12, junto a los municipios de La Guajira: Dibulla, Fonseca, San Juan del Cesar y del Magdalena: Aracataca, Ciénaga, Fundación y Santa Marta.

Para esto se haría un proceso de elección popular con un tarjetón especial, el día de las elecciones al Congreso. Este fue uno de los compromisos que pactó el Gobierno en el acuerdo de paz para que las poblaciones víctimas del conflicto tuvieran mayor representación en el Congreso, pero no será así.