El terrorismo no descansa, acude a los mismos métodos, busca siempre impactar y atemorizar, y se parapeta en la insultante idea de que actúa en ejercicio del derecho legítimo a la rebelión.

Pretende, además, sin éxito, que se le crea que mata, secuestra, extorsiona, atenta contra el medio ambiente, destruye la infraestructura civil, y obstaculiza la creación de condiciones para que la economía crezca, dizque con el fin de defender a los pobres, lograr que el país se desarrolle y haya equidad.

La nueva oleada de criminalidad parece, porque hasta el momento de escribir esta nota no hay confirmación oficial sobre los autores, seguir el mismo patrón ya conocido y padecido.

Sea cual sea el origen de la autoría, el país tiene que movilizarse en búsqueda de darle un mensaje contundente de rechazo a quienes lo hayan hecho.

Además de reclamar que el gobierno cumpla con su deber de garantizar el orden público, en ejercicio de derechos legítimos, también le corresponde a la ciudadanía hacer manifestaciones evidentes, contundentes, de repudio a tanta maldad.

Jamás sobra repetir que la seguridad se consigue cuando hay buenas instituciones, capacidad de respuesta de las autoridades y solidaridad de la gente con las fuerzas del orden. Esos tres pilares son indispensables.

No puede faltar ninguno, y, si falla cualquiera de ellos, los responsables tienen la obligación de actuar sin demora. Todo lo que está sucediendo evidencia que se han aflojado los músculos.

A lo largo del actual período presidencial las voces de la oposición han hecho la advertencia anterior, toda vez que la mal llamada política de paz de Juan Manuel Santos produjo el efecto de debilitar el liderazgo del jefe del ejecutivo. Cuando eso sucede, las consecuencias no se hacen esperar.

El incremento de las áreas de cultivos ilícitos es, apenas, uno de los resultados de semejante equivocación. ¿Puede alguien negar, a estas alturas, que volvimos al vergonzoso primer lugar en el escalafón de productores de cocaína en virtud de que bajó la percepción de riesgo para los delincuentes en las áreas de cultivos ilícitos, las Farc impulsaron la siembra, con el argumento de que los cultivadores tendrían más ventajas después, y se dedicaron a hacer caja para la etapa del pos acuerdo?

Nadie puede negarlo, en tanto las realidades son más que elocuentes.

La pretensión del gobierno de avanzar en un proceso con el Eln, utilizando el mismo marco que empleó con las Farc, es un error monumental.

Desde luego que esa organización terrorista le cogió la caña, pensando en obtener todas las concesiones posibles, no en llegar al final, toda vez que esta administración está terminando, carece de apoyo popular y le resultaría imposible garantizar el cumplimiento de lo convenido.

Si se confirma que fue esta organización la culpable de los atroces atentados recientes, estaría presionando y chantajeando al presidente, en forma infame, con la sangre de policías de la patria e inocentes compatriotas.

En caso de que el origen de las masacres sea otro, la obligación de la administración es la misma, al igual que el deber de los ciudadanos. Tenemos que llenar las calles para demostrar que estamos de pie contra el terrorismo.