En teoría, el órgano legislativo es unos de los tres pilares básicos de una democracia, desde que Montesquieu tuvo esa concepción. En algunos países, esta trilogía cumple sus funciones en forma respetuosa y entonces, podríamos hablar de una democracia plena, que es lo ideal para conducir los destinos de un pueblo.

En Colombia no es así, esta institución se ha convertido en un nido de traficantes de influencias y de usufructúo personal, familiar y de castas. Los altos costos de la financiación de una curul han llevado a muchos de sus integrantes a formalizar las alianzas más inverosímiles para conservar su estatus de congresistas con los condicionamientos que esto implica. La mayoría de nuestros parlamentarios lo son de pacotilla; una vez elegidos se abrogan el derecho de sus electores. Para nosotros esta es una democracia muy costosa e ineficaz que ayuda a ahondar la brecha entre pobres y ricos. Los roles de hacer control político al ejecutivo hace tiempo desaparecieron, ahora se vive la legislación del trueque y del CVY; el ausentismo y el voto basura son relevantes, pero sus posiciones frente a la democracia y los intereses generales son nulos; casi todos son amorfos ideológica y conceptualmente. Tenemos leyes para lo divino y lo humano, estamos saturados de incisos y parágrafos.

El abogado Rodolfo Valero y Borras dijo, en un congreso de abogados, realizado recientemente en Buenos Aires, “tenemos 5.967.000 leyes vigentes, la mayoría de ellas obsoletas”, elaboradas desde el 27/11/1820, año de creación del Congreso; me parece exagerado pero no descartable; habría que recurrir a la secretaría del Senado para verificar esta información. Según otros expertos, en realidad son muchas, con más de 15.000 leyes obsoletas; la ley modificatoria de defensa al consumidor lleva el número 26.361 de abril de 2008, lo que de por sí ya es bastante.

¿Cuántas leyes se hicieron en los últimos veinte años? Paralelamente a las leyes, se surten los decretos leyes; entre 2016 y 2017, fueron promulgados 101 de ellos, un promedio de 1/semana. Si las leyes sirvieran para que salga de pobreza la tercera parte de los colombianos, vaya y venga, pero la mayoría son inocuas o no se aplican; incluso, se han dictado algunas con destinación específica en defensa de intereses grupales. Lo cierto es que tenemos unos 26 códigos y 16 estatutos nacionales. Pero a ciencia cierta, nadie sabe cuántas leyes tenemos, quizás ni el mismo Congreso de la República lo sabe. ¿Para qué tantas leyes? Se dice que Suiza tiene 30. En 200 años de vida parlamentaria hemos tenido 113 presidentes entre elegidos, designados y encargados, y muchos problemas vitales siguen ahí.

El periodo parlamentario que termina es decepcionante, y no muestra ni altruismo ni dignidad patriótica: la comisión de aforados, un instrumento fundamental para la justicia, se hundió; los acuerdos post conflicto fueron mutilados, la propuesta de la MOE sobre la reforma del Consejo Electoral fue asaltada, la JEP no está reglamentada, no existen políticas del Estado para corregir los aberrantes resultados del censo agropecuario, la cacareada propuesta de la reforma política se hundió por enésima vez. Los escándalos recientes montados sobre coimas, más los que antes llevaron a la cárcel a varios funcionarios y congresistas por sus vínculos con los “paras”, denunciados por Gustavo Petro siendo senador, pero que siguen ahí, tienen que llevarnos a la reflexión de que la escogencia del próximo congreso y presidente de la República deberán hacerse con mucho respeto por Colombia.

No debería ser ninguno de los que callaron o estuvieron ausentes cuando la Patria los necesitó. Sin embargo, por ahí están en listas más de 60 aspirantes familiares de congresistas y exfuncionarios sub-júdice y con muchos pecados, en un proceso continuo de reciclaje; y si bien no existen crímenes de sangre llevan el mismo ADN de la corrupción. Sólo una Constituyente nos permitiría edificar una Colombia Humana y Progresista, con nuevos valores y esperanzas