Todos los pasos que está dando el gobierno, en su afán de imponer el acuerdo Santos-Timochenko, acercan el país al abismo de la ruptura institucional y de la mentira histórica.
La insistencia en la Jurisdicción especial para la paz, y ahora la integración de la comisión de la verdad, para no recordar algunos nombres de los miembros del tribunal para la paz, son el presagio de lo que sucederá en los próximos años.
Infortunadamente, no puede pensarse que los sucesos futuros, en desarrollo de las decisiones anteriores, serán buenos para la nación, ni que contribuirán a edificar un escenario de convivencia y unión nacional.

Todo lo contrario.

Se avizoran más divisiones, deformaciones de la realidad en el pretérito, y el ejercicio revanchista, desde el punto de vista político, de las competencias del nuevo brazo del poder judicial.
¿Qué otra cosa puede esperarse si a críticos políticos de la oposición democrática, activos en el debate público, se los convierte en magistrados de la noche a la mañana?
¿Será posible esperar que activistas, y escritores que tienen una posición ideológica suficientemente conocida, como por arte de magia se transformen en patriotas objetivos, cuyo interés real sea contribuir a que se conozca la verdad sin sesgos?
¿Y resultará viable creer que el inmenso poder que tendrá la JEP se pondrá solamente al servicio de la pronta y cumplida justicia? Las respuestas son negativas.

Colombia está avanzando hacia un escenario de fracturas mayores, toda vez que, independientemente de quienes sean los nuevos protagonistas, de orientación ya conocida, las heridas que dejó el terrorismo siguen abiertas.

Y habrá millones de colombianos que no van a soportar que se desdibuje la historia del dolor que han padecido. Como tampoco permitirán que se les diga que las Farc cometieron todo tipo de crímenes en ejercicio del derecho legítimo a la rebelión, que es la barbaridad que aducen para justificar lo injustificable.

En esa dirección vamos, razón por la cual solamente se ven nubes oscuras en el horizonte.
Nada podrá argumentarse para explicar todas las atrocidades que se han cometido en Colombia desde muy distintas orillas.

Y varios famosos integrantes de la flamante comisión de la verdad podrán decir lo que quieran, pero nada transformará lo que en realidad ocurrió, mucho menos como producto de una posición política convertida en documento histórico.

Habida cuenta del escenario que hoy tenemos, la única posibilidad real de recuperar un camino de equilibrio y de verdad, que sirva para que los colombianos puedan vivir y trabajar tranquilos, es frenar esta carrera acelerada hacia el abismo y hacer las rectificaciones indispensables.
No se trata de “hacer trizas” todo, como lo repiten los aduladores del acuerdo Santos-Timochenko, para distorsionar la postura de la oposición democrática. El objetivo consiste en buscar estabilidad para la nación.

Dicha estabilidad dependerá de la recuperación de la seguridad jurídica, que se pierde con la incorporación del documento de La Habana en la Constitución Nacional.
Obedecerá a que la propiedad privada sea respetada y no amenazada, tal y como sucede con varios puntos de lo acordado.

Será función de que no se pierdan las garantías para los ciudadanos, las cuales se lesionan afectando el principio del juez natural, el de legalidad, y el de no retroactividad en materia penal.

Eso es lo que sucede con lo que Santos decidió firmar con Timochenko, para perjuicio del país. Será consecuencia, también, de la preservación de la independencia de los poderes, cosa que pasa a ser asunto del pasado con las funciones que se le han dado a la comisión para el seguimiento de la implementación, la famosa CSIVI.

Y tendremos estabilidad en tanto no aceptemos que la soberanía popular puede perderse debido a la voluntad de dos protagonistas pasajeros. Así evitaremos caer en el abismo.

Por Carlos Holmes Trujillo