No comparto los criterios de la Administración Municipal, ni la del doctor José Luis Urón, en su reciente publicación respecto del informe de la Doing Business Subnacional, acerca de que Valledupar es una de las ciudades más llamativas para el establecimiento empresarial. Parecería que no se concientizaran que el Plan de Ordenamiento Territorial actual es el gran responsable del estancamiento financiero y que solo basta consultar en internet sobre las consecuencias que genera un erróneo plan, para saber que un ordenamiento así, es el principal enemigo del medio ambiente y de la gestión de suelo; que solo tiende a empobrecer a la población, situación ésta, que a cambio de incentivar la economía lo que hace es desestimular la inversión en este municipio.

Es esta la realidad que se vive en todo el país, después de cumplidos 20 años de vigencia de la ley 388 de 1997, donde las autoridades estatales han dejado de ejercer control de los POT en los municipios, cuyos alcaldes y concejales a través de sus consultores, le han torcido el objetivo principal a esta ley, afectando suelos sin el lleno de los requisitos legales e imponiendo normas contrarias a la jerarquía reglamentaria, convirtiéndolas en absurdas normas especiales de obligatoria aplicación, las cuales perdurarán en el tiempo mientras no se decrete su nulidad. Todo esto pasa por la falta de seguimiento y evaluación de los efectos de la aplicación normativa y a la equivocada interpretación de los concejales, quienes creen que, por la potestad que le confirió la Constitución, como única autoridad para aprobar usos de suelo, puedan hacerlo, rayando en la ignorancia jurídica y urbanística, sin intención alguna de ofrecer sostenibilidad social, patrimonial y ambiental a sus regiones.

Han reconocido empresarios locales, que las decisiones POT/99 fueron más acordes con la realidad vallenata, frente a la revisión general POT/015, acción que ensombreció el escenario, complicando aún más la posibilidad de inversión ante tanta confusión, desobediencia a las regulaciones y falta de autoridad. Las fehacientes muestras de incapacidad corporativa de la mayoría de los concejales en el tema de ordenamiento, cada día son más significativas. Ahí tenemos el hallazgo de la ilegalidad del POT actual, por no haber sido concertado ambientalmente por medio de acto administrativo antes de la aprobación del Concejo Municipal. El POT fue aprobado en junio de 2015 mediante un acta de concertación ambiental y no mediante un verdadero acto administrativo como lo exige la ley, resolución extemporánea expedida en octubre de 2015. Nada más equivocado que tal forma de actuar, pues es inexplicable que actuaciones como estas, sitúen a la región en un limbo jurídico tal, que induzca a que los inversionistas pierdan credibilidad hasta en las pocas normas favorables aplicables de este controvertido POT de Valledupar, al no encontrar respuesta legal y específica que las sustituya. Semejante situación de incertidumbre, la debe resolver la actual Administración conjuntamente con el Concejo, así el error lo haya cometido la Administración anterior.

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Por Augusto Enrique Orozco Sánchez