Tan pronto la Comisión de Escogencia dio a conocer los nombres de los 51 magistrados, 38 principales y 13 suplentes que conformaran las diferentes salas de la Justicia Especial de Paz, se suscitaron toda suerte de comentarios, algunos a favor, y otros no tanto. Sectores feministas, étnicos y de víctimas se muestran satisfechos con la […]
Tan pronto la Comisión de Escogencia dio a conocer los nombres de los 51 magistrados, 38 principales y 13 suplentes que conformaran las diferentes salas de la Justicia Especial de Paz, se suscitaron toda suerte de comentarios, algunos a favor, y otros no tanto. Sectores feministas, étnicos y de víctimas se muestran satisfechos con la escogencia realizada, pues consideran que fueron tenidos en cuenta. No obstante, ‘Jesús Santrich’, miembro de las FARC y negociador de los acuerdos de paz, hace públicas objeciones a los magistrados: Camilo Andrés Suárez Aldana por haber sido coronel y presidente del Tribunal Superior Militar, Claudia Roció Saldaña Montoya y Sandra Rocío Hernández Cruz por ser exdirectora del Fondo que defiende a integrantes de la Fuerza Pública. Expresa ‘Santrich’ que con la elección de estos magistrados se da un claro conflicto de intereses y falta de imparcialidad.
Por su parte el Centro Democrático arrecia en sus críticas contra el magistrado Rodolfo Arango, profesor de las universidades de Los Andes, Nacional y Externado, por haber sido candidato al Congreso por el Polo Democrático Alternativo en el año 2014. En cuanto a la magistrada Mirtha Patricia Linares, presidenta de la JEP, le censuran haber celebrado contrato con el Estado. Todo ello sin omitir las duras críticas del precandidato de esa colectividad, Iván Duque, quien ha manifestado que la JEG ha sido configurada de tal manera que criminales de lesa humanidad puedan ser elegibles y seguir en los cargos a pesar de las sanciones, refiriéndose puntualmente al delito de narcotráfico, el cual sería amnistiable por ser conexo con el de rebelión.
Como se puede observar, la JEP ha sido blanco de críticas de sectores tanto de izquierda como del Centro Democrático, pero ciertamente los jueces, no tienen por qué ser del gusto de nadie, es más, generaría mucha desconfianza si se les hiciera la venia a los recién nombrados. Así las cosas, considero que no se puede juzgar a una corporación, cuando ni siquiera ha tomado la primera decisión. Pienso que el juzgamiento de los hechos que acaecieron en el marco del conflicto, darán lugar a un examen de responsabilidad a la luz de la normatividad vigente, y será allí cuando afloren, si es que afloran, los sesgos, mientras tanto quiero confiar en el trabajo realizado por la Comisión de Escogencia y, respetando opiniones contrarias, en la seriedad e idoneidad de las personas escogidas, pues me permito recordar que por vez primera en el mundo, se logra acordar la creación de un órgano jurisdiccional transicional de paz, cuya finalidad es la de aplicar la justicia en relación con los hechos ocurridos en el marco del conflicto armado, y es por ello que los ojos del mundo siguen puestos en Colombia.
Tan pronto la Comisión de Escogencia dio a conocer los nombres de los 51 magistrados, 38 principales y 13 suplentes que conformaran las diferentes salas de la Justicia Especial de Paz, se suscitaron toda suerte de comentarios, algunos a favor, y otros no tanto. Sectores feministas, étnicos y de víctimas se muestran satisfechos con la […]
Tan pronto la Comisión de Escogencia dio a conocer los nombres de los 51 magistrados, 38 principales y 13 suplentes que conformaran las diferentes salas de la Justicia Especial de Paz, se suscitaron toda suerte de comentarios, algunos a favor, y otros no tanto. Sectores feministas, étnicos y de víctimas se muestran satisfechos con la escogencia realizada, pues consideran que fueron tenidos en cuenta. No obstante, ‘Jesús Santrich’, miembro de las FARC y negociador de los acuerdos de paz, hace públicas objeciones a los magistrados: Camilo Andrés Suárez Aldana por haber sido coronel y presidente del Tribunal Superior Militar, Claudia Roció Saldaña Montoya y Sandra Rocío Hernández Cruz por ser exdirectora del Fondo que defiende a integrantes de la Fuerza Pública. Expresa ‘Santrich’ que con la elección de estos magistrados se da un claro conflicto de intereses y falta de imparcialidad.
Por su parte el Centro Democrático arrecia en sus críticas contra el magistrado Rodolfo Arango, profesor de las universidades de Los Andes, Nacional y Externado, por haber sido candidato al Congreso por el Polo Democrático Alternativo en el año 2014. En cuanto a la magistrada Mirtha Patricia Linares, presidenta de la JEP, le censuran haber celebrado contrato con el Estado. Todo ello sin omitir las duras críticas del precandidato de esa colectividad, Iván Duque, quien ha manifestado que la JEG ha sido configurada de tal manera que criminales de lesa humanidad puedan ser elegibles y seguir en los cargos a pesar de las sanciones, refiriéndose puntualmente al delito de narcotráfico, el cual sería amnistiable por ser conexo con el de rebelión.
Como se puede observar, la JEP ha sido blanco de críticas de sectores tanto de izquierda como del Centro Democrático, pero ciertamente los jueces, no tienen por qué ser del gusto de nadie, es más, generaría mucha desconfianza si se les hiciera la venia a los recién nombrados. Así las cosas, considero que no se puede juzgar a una corporación, cuando ni siquiera ha tomado la primera decisión. Pienso que el juzgamiento de los hechos que acaecieron en el marco del conflicto, darán lugar a un examen de responsabilidad a la luz de la normatividad vigente, y será allí cuando afloren, si es que afloran, los sesgos, mientras tanto quiero confiar en el trabajo realizado por la Comisión de Escogencia y, respetando opiniones contrarias, en la seriedad e idoneidad de las personas escogidas, pues me permito recordar que por vez primera en el mundo, se logra acordar la creación de un órgano jurisdiccional transicional de paz, cuya finalidad es la de aplicar la justicia en relación con los hechos ocurridos en el marco del conflicto armado, y es por ello que los ojos del mundo siguen puestos en Colombia.