El pasado 26 de julio de 2017, la Universidad Popular del Cesar fue reconocida en su condición de Sujeto de Reparación Colectiva y en consecuencia se le incluyó en el Registro Único de Víctimas, convirtiéndose así en la tercera universidad pública del país, que en razón al asalto paramilitar de que fueron objeto durante varios años, han sido reconocidas en este proceso.

Por esta razón, el Comité de Impulso para el Reconocimiento de la UPC como Sujeto de Reparación Colectiva le ha solicitado a la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas que el acto administrativo mediante el cual ha sido incluida la institución en el Registro Único de Víctimas, sea notificado oficialmente en un acto público con el fin de darle mayor importancia a este hecho y así visibilizar el trabajo de memoria que se ha venido realizando.

“Este reconocimiento reviste una enorme trascendencia para nuestra alma mater, porque propiciará la configuración de ejercicios de memoria y escenarios de reflexión acerca de los nefastos impactos y el legado trágico del paramilitarismo”, dijo Marta Rodríguez Sánchez, integrante del Comité.

Sin embargo, el Comité de Impulso reconoce que de ahora en adelante se debe trabajar en la construcción participativa de un Plan Integral de Reparación Colectiva y la identificación de los daños ocasionados a la UPC, lo que representa un desafío que requiere de un trabajo articulado de todos los estamentos de la comunidad universitaria.

El 23 de marzo de 2017, la Defensoría del Pueblo remitió al nivel nacional de dicha entidad, a la Delegada para la Orientación a Víctimas del Conflicto Armado, el formulario debidamente diligenciado de la declaración colectiva junto a todos los anexos documentales que conformaron el expediente.

Es así que el comité espera que el rector, Enrique Alfonso Meza Daza, comience la implementación de medidas de reparación colectiva como entrega de títulos profesionales póstumos a los estudiantes asesinados, a aquellos estudiantes que habiendo cursado más del 80% de sus carreras no las pudieron culminar por haber sido víctimas de desplazamiento forzado, denominación de los nuevos edificios con algunos de los nombres de los miembros de la comunidad universitaria asesinados, introducción en los currículos de las distintas carreras de la cátedra de Memoria y Paz, impresión y amplia difusión de un plegable especial con el contenido de la resolución de inclusión expedida por la Unidad de Víctimas, valoración y enaltecimiento público de la labor que ha venido desempeñando el Comité con el propósito de evidenciar el respaldo institucional al proceso que se adelantará y brindar las garantías logísticas y económicas necesarias para adelantar la construcción del Plan Integral de Reparación Colectiva la UPC.

Lo que espera el Comité es que este reconocimiento no se quede en algo protocolario, sino que se convierta en una oportunidad para promover una transformación profunda y si se quiere radical de la universidad.

Mediante un oficio del 14 de abril de 2016 la Defensoría del Pueblo expidió un documento con el que se dio inicio a este proceso. Allí se solicitó a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a Víctimas y al Centro Nacional de Memoria Histórica la inclusión de la UPC como Sujeto de Reparación Colectiva en el Registro Único de Víctimas.

Andreina Bandera / EL PILÓN
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