Por lo menos 655 días pasaron para que el Ministerio de Educación terminara la sanción impuesta al centro de educación superior.
Por haber cumplido con la elaboración, presentación e implementación de su Plan de Mejoramiento, el Ministerio de Educación resolvió terminar las medidas preventivas ordenadas contra la Universidad Popular del Cesar desde diciembre de 2015.
La anterior disposición fue enviada en un documento firmado por la jefe de esa cartera, Yaneth Giha Tovar, en el que indica que el alma máter fue objeto de análisis y seguimiento por parte de un equipo interdisciplinario del Ministerio, que presentó un informe donde señala conclusiones y recomendaciones en la implementación del Plan de Mejoramiento cumplido por la UPC, que le permitieron superar los hallazgos, debilidades y amenazas que fundamentaron la expedición de la resolución que imponía las medidas preventivas.
Aclara el documento que el hecho de terminar las medidas preventivas, no es óbice para que la institución continúe ejecutando su Plan de Mejoramiento en lo concerniente a las actividades que aún no han alcanzado un nivel de avance del 100 %.
Enrique Meza Daza, rector de la Universidad Popular del Cesar, celebró la medida y reconoció que “es de mucho agrado para la comunidad universitaria, recibir esta noticia que nos permitirá seguir adelante y con mayor entusiasmo con los planes y metas que tenemos establecidos con nuestra institución y lograr la acreditación a través del compromiso de todos”.
En diciembre de 2015, el Ministerio de Educación Nacional impuso además medidas preventivas a la Corporación Universitaria de Colombia, IDEAS y a la Universidad INCCA de Colombia, por haber encontrado irregularidades en la estructura de gobierno y la situación financiera, administrativa y académica, las cuales inciden en las condiciones de calidad que deben recibir los estudiantes.
En el caso de la UPC, el Ministerio estableció que esta institución incurrió en irregularidades como la inhabilidad que presentaba en su momento el rector Carlos Emiliano Oñate Gómez para prestar sus servicios profesionales en el centro de enseñanza superior, incluso los dos últimos representantes de los exrectores ante el Consejo Superior Universitario no cumplieron el requisito de haber ejercido en propiedad el cargo de rector, conforme lo exige el Estatuto General de la Institución.
Además, según los hallazgos encontrados por el Ministerio de Educación, hubo celebración de contratos de prestación de servicios que no cumplían el pleno de los requisitos; recursos recibidos sin ejecutar por concepto de Estampilla Pro Universidad Popular del Cesar para la vigencia del año 2014, pues se dejaron de ejecutar $ 3.846 millones de $ 4.062 millones recibidos en esa vigencia, es decir que solo se ejecutó el 5,32 % del total recibido en el año; deterioro en estructura física y medios educativos y además no existía una política de investigación.
En diciembre de 2015 el MEN sancionó a la UPC por encontrar irregularidades en la estructura de gobierno y la situación financiera, administrativa y académica.
Nibaldo Bustamante/EL PILÓN
Por lo menos 655 días pasaron para que el Ministerio de Educación terminara la sanción impuesta al centro de educación superior.
Por haber cumplido con la elaboración, presentación e implementación de su Plan de Mejoramiento, el Ministerio de Educación resolvió terminar las medidas preventivas ordenadas contra la Universidad Popular del Cesar desde diciembre de 2015.
La anterior disposición fue enviada en un documento firmado por la jefe de esa cartera, Yaneth Giha Tovar, en el que indica que el alma máter fue objeto de análisis y seguimiento por parte de un equipo interdisciplinario del Ministerio, que presentó un informe donde señala conclusiones y recomendaciones en la implementación del Plan de Mejoramiento cumplido por la UPC, que le permitieron superar los hallazgos, debilidades y amenazas que fundamentaron la expedición de la resolución que imponía las medidas preventivas.
Aclara el documento que el hecho de terminar las medidas preventivas, no es óbice para que la institución continúe ejecutando su Plan de Mejoramiento en lo concerniente a las actividades que aún no han alcanzado un nivel de avance del 100 %.
Enrique Meza Daza, rector de la Universidad Popular del Cesar, celebró la medida y reconoció que “es de mucho agrado para la comunidad universitaria, recibir esta noticia que nos permitirá seguir adelante y con mayor entusiasmo con los planes y metas que tenemos establecidos con nuestra institución y lograr la acreditación a través del compromiso de todos”.
En diciembre de 2015, el Ministerio de Educación Nacional impuso además medidas preventivas a la Corporación Universitaria de Colombia, IDEAS y a la Universidad INCCA de Colombia, por haber encontrado irregularidades en la estructura de gobierno y la situación financiera, administrativa y académica, las cuales inciden en las condiciones de calidad que deben recibir los estudiantes.
En el caso de la UPC, el Ministerio estableció que esta institución incurrió en irregularidades como la inhabilidad que presentaba en su momento el rector Carlos Emiliano Oñate Gómez para prestar sus servicios profesionales en el centro de enseñanza superior, incluso los dos últimos representantes de los exrectores ante el Consejo Superior Universitario no cumplieron el requisito de haber ejercido en propiedad el cargo de rector, conforme lo exige el Estatuto General de la Institución.
Además, según los hallazgos encontrados por el Ministerio de Educación, hubo celebración de contratos de prestación de servicios que no cumplían el pleno de los requisitos; recursos recibidos sin ejecutar por concepto de Estampilla Pro Universidad Popular del Cesar para la vigencia del año 2014, pues se dejaron de ejecutar $ 3.846 millones de $ 4.062 millones recibidos en esa vigencia, es decir que solo se ejecutó el 5,32 % del total recibido en el año; deterioro en estructura física y medios educativos y además no existía una política de investigación.
En diciembre de 2015 el MEN sancionó a la UPC por encontrar irregularidades en la estructura de gobierno y la situación financiera, administrativa y académica.
Nibaldo Bustamante/EL PILÓN