Uno de los elementos primarios para el diseño de las carreteras es el Tránsito Promedio Diario Anual –TPDA-, que se define como el volumen total de vehículos que pasan por un punto o sección de una carretera en un periodo de tiempo determinado. A propósito de las expectativas de una doble calzada Valledupar – La Paz, un columnista de este mismo diario señaló “que ameritaba concebir por parte de las autoridades territoriales la construcción de esa doble calzada” y entre otros criterios tuvo en cuenta el tráfico promedio diario de la mencionada vía.

Si el tramo vial que conecta al municipio de Valledupar con el de La Paz, tiene un volumen de tránsito que supera los once mil vehículos diarios, posiblemente un porcentaje significativo de las personas que se desplazan  por el mismo, están evidenciando desde hace una década, la obra inconclusa del proyecto de lo que se estima como la futura sede administrativa de Corpocesar, o peor aún, no saben de qué se trata o para qué servirá. Concebida como una edificación bioclimática, es decir, amigable con el medio ambiente, está obra al igual que la doble calzada Valledupar – La Paz, es hasta ahora… una mera expectativa.

Recientemente, la Contraloría General de la Republica, en un informe de auditoría realizada a la CAR del Cesar, concluyó que la construcción del edificio bioclimático de esta corporación, evidencia deficiencias en la planeación que han llevado  a una gestión ineficaz e inoportuna de los recursos públicos.

Transcurridos tantos años sin que haya culminado la construcción de dicha obra, es evidente que se ha vulnerado el principio de responsabilidad por parte de los servidores públicos, y se han incumplido los fines del Estado y de la contratación estatal. ¿Hasta cuándo esta situación?

EL PILÓN en una de sus recientes notas editoriales, con relación al proyecto de la sede bioclimática de la Corporación Autónoma Regional del Cesar,  título: “Una experiencia para no repetir”, señalando que “no se justifica que hayan transcurrido ocho años y la obra sin terminarse”.

El editorial hace una propuesta concreta, en términos de establecer una veeduría ciudadana para el proyecto de esta sede bioclimática, similar a las de las contrataciones para la construcción de la sede de la Universidad  Nacional y de la vía El Zanjón – Pueblo Bello.

Convocar la participación de una veeduría ciudadana en una obra de esta magnitud y con la problemática presentada, además de generar un seguimiento que permita el cumplimento del objeto a partir del cual se contrató su construcción, permite una ejecución presupuestal transparente. Una obra con un presupuesto cuyos recursos  según el ente de control fiscal, provienen en un amplio porcentaje  de regalías.

Por María F. Daza Ovalle