Debido a la caída en los precios del petróleo, la desaceleración económica, seguir implementando una supuesta “política de austeridad”, cumplir las metas fiscales y consolidar la calificación BBB que indica que nuestro país se encuentra en un nivel medio, en buena situación en el momento de ser calificada por las firmas calificadoras de crédito, el Gobierno Nacional anunció una reducción considerable en el proyecto del presupuesto para 2018.

En dicho anuncio el Ministerio de Hacienda plantea reducir el gasto público, la eliminación de nóminas paralelas, congelación de la nómina estatal, rebaja de gastos generales y la reducción del presupuesto de diversos sectores, como ciencia y tecnología, minas y energía, deportes, entre otros.

Por este recorte donde se estima que para recreación y deporte se hará una disminución presupuestal considerable, se ha desatado un gran despliegue noticioso con el que se ha criticado y fustigado al gobierno porque con esta medida se afectaría el desarrollo deportivo, la inversión en infraestructura, los estímulos y apoyo a los deportistas de alto rendimientos que tantas glorias han brindado a nuestro país.

Apoyo y me sumo a las voces que solicitan y exigen que el presupuesto para la recreación y deporte no sean reducidos, pero a la vez veo con extrañeza y preocupación como en nuestro país consentimos y fuimos cómplices cuando el gobierno dispuso que los recursos de los saldos del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación que no fueron utilizados por los entes territoriales fueran trasladados e invertidos en la construcción de vías terciarías, lo que cercenó al país de la posibilidad de cumplir con sus metas de desarrollo, crecimiento y competitividad.

No entiendo cómo un país que sueña con convertirse en uno de los más educados no presupueste y destine suficientes recursos para el sector educación, garantizando una mejor infraestructura educativa, inversión tecnológica y capacitación docente, que permita una mayor calidad educativa y un mejor proceso de enseñanza y aprendizaje que convierta a la educación como el arma más poderosa para cambiar el mundo.

Es inaudito que con el pretexto de insostenibilidad económica el gobierno nacional haya objetado leyes de gran contenido social, como la que pretende formalizar como trabajadoras formales del Estado a las madres comunitarias del ICBF, la eliminación del cobro de reconexión de servicios públicos, rebaja de cotización en salud para los pensionados o la reducción de números de semanas cotizadas a mujeres para pensionarse, desvirtuando el Estado Social de Derecho que tanto pregonamos y defendemos.

Pero por el contrario haya realizado un esfuerzo económico para incrementar considerablemente los salarios de congresistas y funcionarios con altos cargos del Estado, soslayando el bienestar de la clase trabajadora colombiana con la imposición de una reforma tributaria que con impuestos y tributos desmejoran sus condiciones de vida y oscurecen el futuro de sus familias.

Somos conscientes que atravesamos momentos de crisis y penurias económicas, lo que plantea que debemos ajustarnos el cinturón, sanear y estabilizar las finanzas del Estado para que cumpla con sus fines, garantizando el bienestar, desarrollo y progreso acorde con las necesidades de sus ciudadanos.

Pero para ello es necesario priorizar los recursos, la inversión y el gasto, darle el valor fundamental a los sectores que permitan la construcción de un nuevo país, en paz, equitativo y educado, de lo contrario seguiremos invirtiendo en cosas banales que contribuyen es al atraso, corrupción, violencia, inseguridad y subdesarrollo de esta gran nación.

Por Diógenes Pino Sanjur