La revisión de 19 millones de facturas generadas por la empresa Electricaribe en los años 2015 y 2016, dejó al descubierto un posible desfalco con los recursos que el Gobierno Nacional le giró a la multinacional para pagar los subsidios de las familias pobres que reciben el servicio de energía en estratos 1 y 2.

Los 78 mil millones de pesos para subsidiar  alrededor de 600 mil usuarios, fueron usados para un “objeto totalmente distinto y presuntamente ilegal: disminuir las pérdidas de dicha empresa”. La irregularidad la encontró la Contraloría General de la República al realizar una auditoría en la que analizó 800 mil facturas mensuales expedidas durante los años  2015 y 2016. Ahora queda la duda si esa misma situación se registró en vigencias anteriores.
Desde finales del año pasado, comenzó el calvario de Electricaribe al quedar en evidencia los graves problemas financieros, las millonarias deudas y las dificultades para la compra de energía, lo que hizo que la Superintendencia de Servicios Públicos interviniera la empresa, que tiene como socio mayoritario al grupo español Gas Natural Fenosa. Finalmente, en marzo pasado Electricaribe fue intervenida y quedó en manos del Gobierno Nacional la distribución de energía que atiende más de 2,5 millones de clientes en los siete departamentos de la Costa Atlántica, que corresponde a 23 % del mercado colombiano.
Como lo afirmó la revista Dinero: “La operación de Electricaribe generó un círculo vicioso casi imposible de romper: baja calidad en la prestación del servicio, porque no había inversiones; no había inversiones porque el recaudo se caía, y el recaudo se caía porque el servicio era de mala calidad…”.

Con el hallazgo de la Contraloría General se confirma una vez más el mal momento financiero de Electricaribe, que tocó fondo al tomar 78.500 millones que provienen del subsidio otorgado por el Fondo de Energía Social – FOES- (que deben ir destinados para aliviar al pago de la factura de energía de los usuarios de menos recursos de usuarios de estratos 1 y 2) para cubrir sus pérdidas.

Con razón la queja permanente de los usuarios, las protestas, la renuencia en algunos casos a pagar una factura evidentemente alta, por un pésimo servicio. Electricaribe venía mal, prestaba un mal servicio y el que pagaba las consecuencias era el usuario final.

Los usuarios, la Costa Caribe, las autoridades, los gobernantes, todos los ciudadanos, necesitan saber desde cuándo la empresa aplicaba esta mala práctica. Que la Contraloría revise lo que pasó en vigencias anteriores, quizás no encuentren nada o de pronto sea más grande el problema. Lo importante es que se despeje el panorama y se tome la mejor decisión para que los costeños tengan por fin un buen servicio de energía.