Por la contaminación que sufre el río Cesar a la altura del municipio de Valledupar, debido a las aguas residuales vertidas por la planta de tratamiento Salguero de Emdupar, situación que posiblemente vulneró derechos fundamentales en una comunidad de 244 cabezas de familia, el Tribunal Administrativo del Cesar citó a descargos a los actores involucrados por los demandantes.

Esta es una acción popular contra la Nación, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Departamento del Cesar, la Corporación Autónoma Regional del Cesar (Corpocesar), el Municipio de Valledupar, la Empresa de Servicios Públicos de Valledupar (Emdupar) y la Agencia Nacional para la Defensa Jurídica del Estado.

El magistrado José Antonio Aponte Olivella citó a audiencia de pruebas y testimonios en el proceso donde se habrían afectado al grupo de pescadores los derechos colectivos al medio ambiente, a la salubridad pública y al acceso a una infraestructura de servicios públicos, a la prestación de los mismos de forma eficiente y oportuna, y derecho al trabajo, además de la escogencia de profesión u oficio.

Las audiencias se realizarán entre el 27 y 29 de junio, en las que los actores vinculados a la investigación deberán exponer la defensa sobre los abogados Richar Alonso Sescún Ortiz, Rafael Ricardo Costa Dangond, Jorge Alberto García Costa, quienes representan a pescadores de Valledupar, La Paz, San Diego, Agustín Codazzi, Astrea, Chiriguaná y Chimichagua, así como a otro grupo de corregimientos como Aguas Blancas, Los Brasiles, Los Calabazos, Guacoche, entre otros.

Según los informes entregados al Tribunal Administrativo, en febrero de 1997 Corpocesar le pedía a Emdupar corregir las fallas que estaban contaminando el río Cesar y la Contraloría Municipal hizo un control de advertencia a la misma empresa ante un posible detrimento patrimonial por daño ambiental, relacionado con los sistemas de tratamiento de aguas residuales de El Tarullal y El Salguero, correspondiente a las vigencias 2006 y 2007, y según el concepto técnico emitido por la autoridad ambiental, se estableció la necesidad de construir módulos adicionales a El Salguero para nivelar la situación e incluso eliminar El Tarullal, para el año 2013, según la resolución 169 del 17 de mayo.

Sin embargo, Corpocesar sancionó a Emdupar el 21 de julio de 2014 producto del mal funcionamiento de los Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales El Tarullal y El Salguero por el daño ambiental que se había generado por el vertimiento de residuos y no reducir la carga contaminante que recibía el río Guatapurí.

Este proceso jurídico inició en 2014, pescadores de diferentes regiones se reunieron y en consenso aprobaron el mecanismo de la acción popular, pero argumentaron que se alejarían de la política porque en muchas administraciones les prometieron recuperar el río Cesar y nunca les cumplieron.

Cabe destacar que ya se surtió el proceso conciliación, conforme lo dispone el artículo 62 de la Ley 472 de 1998.

El mecanismo constitucional fue interpuesto por más 240 familias ante el Tribunal Administrativo del Cesar y busca resarcir el daño por la contaminación de las aguas residuales de Valledupar al cauce del río Cesar.

Por Carlos Mario Jiménez
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