Estudiando la obra jurídica del constitucionalista colombiano Diego Younes Moreno, ‘Derecho Constitucional Colombiano’, y específicamente revisando una serie de comentarios que hiciera Hernández Mora, con respecto al Frente Nacional que se desarrollara en el Estado colombiano para el año 1957, fecha en la que se optó por propiciar un cumulo de ajustes jurídicopolíticos en lo que tenía que ver con la institucionalidad del país, por lo que se llevó acabo el famoso plebiscito de 1957 para darle rienda suelta a tales reestructuraciones. Allí, Hernández Mora, quien fuera uno de los impulsores de la idea de que un plebiscito sería la vía adecuada para salir de la crisis constitucional que atravesaba el país en ese momento, resalta que el esquema gobierno – oposición es la regla de oro para oxigenar el sistema democrático como sistema de opinión, y que tal cuadro habría sido fracturado con la instauración del frente nacional, esto, debido a que los partidos tradicionales echaron por la borda la emulación ideológica y la confrontación partidaria frente a los problemas del orden nacional; en mi lectura, una nefasta regresión políticosocial.

Las labores que desempeñan el Gobierno Nacional y la oposición dentro de un proyecto de Estado Social y Democrático de Derecho como el nuestro, son demasiado significativas para la buena marcha de todos los componentes del andamiaje estatal. Por un lado, el gobierno tiene a su cargo todo el direccionamiento administrativo de la Nación, excepcionalmente desarrolla actividades legislativas y judiciales. En el otro extremo, encontramos la oposición, la cual tiene sus bases en la ciudadanía, que la ejerce a través de lo que conocemos como activismo social, y en los movimientos y partidos políticos legalmente constituidos, cuya labor se basa en velar porque el Gobierno Nacional cumpla con lo enmarcado en su programa de políticas públicas y tenga definido los planes de contingencias necesarios para las distintas sectoriales. De igual manera, la oposición está en la obligación de tener una actitud propositiva frente a todos los asuntos que se traten en la vida nacional.

No tiene discusión alguna que el deber ser, o el marco teórico, en lo que respecta a estas dos instituciones, dista mucho de nuestra realidad, de nuestra contemporaneidad política. La falta de organización de los partidos políticos, la presencia de gobiernos que de una u otra manera ignoran los requerimientos de sectores sociales, partidos y movimientos de oposición, las actitudes chocantes que se salen del contexto democrático al que aspira gran parte de la sociedad por estos días, el populismo y el radicalismo que tanto daño le hacen a la democracia, entre otros puntos, han dificultado que el sistema gobierno – oposición se acople con su deber ser, con la naturaleza política, constitucional y democrática que lo compone.

Tanto un buen gobierno como una buena oposición, contribuyen a la evolución democrática y humanística de un Estado. Aquí han pasado cosas terribles, un claro ejemplo de ello es lo sucedido en el plebiscito para la paz, un gobierno y una oposición que en diversas ocasiones recurrieron a la mentira y la tramposería para salir vencedores en las urnas. Muestra fehaciente de la inmadurez que nos apresa.

Este tipo de actuares desangra la convivencia social, prueba de ello es la horrenda polarización que hoy estamos penando. El oficialismo y los sectores de oposición deben centrar su accionar en actividades que beneficien al colectivo y no en cuestiones inocuas que lo afecten. Deben velar por el fortalecimiento de las instituciones y por la recuperación de un ambiente político sano, abierto y dinámico.

Anhelo algún día presenciar la materialización de aquello que los grandes pensadores de la democracia liberal han esbozado sobre la temática aquí tratada, no es necesario hablar de perfección, pero sí de un ajuste considerable a lo correcto.

El compromiso de comenzar a erradicar la violencia política y social que hemos experimentado desde otrora es de todos, hay que hacer todo lo posible para la consolidación de los ingredientes sociales y democráticos que irradia la Carta Superior de 1991, todo lo posible: ‘Por un esquema gobierno – oposición de verdad’.

Camilo Pinto

@camilopintom