La Policía Nacional deberá explicar a la Contraloría General de la República las posibles inconsistencias que se habrían dado en un contrato mediante el cual la Dirección de Tránsito y Transporte adquirió por $1.190 millones de pesos equipos de reconocimiento para la seguridad vial (incluyendo drones), que aunque se cancelaron en su totalidad y fueron recibidos a satisfacción no han podido ser utilizados, por fallas en especificaciones técnicas al momento de ponerse en operación.

Así lo verificó el organismo de control en una auditoría que está desarrollando a la Policía Nacional.

La entidad suscribió un contrato de compraventa con la Unión Temporal MNI para la adquisición de los Centros de Comando y Control Móviles con Sistemas de Reconocimiento Remoto para la Seguridad Vial, con el cual se  pretendía aumentar la cobertura de control policial y mejorar el tiempo de reacción de la autoridad frente a hechos delictivos o de accidentalidad que afectaran la movilidad.

También se buscaba mejorar  el monitoreo y el análisis en tiempo real de situaciones de emergencia y movilidad que se presenta,  tanto para conductores,  transeúntes,  pasajeros,  y habitantes de los corredores  circunvecinos a las carreteras.

El Sistema se compone de 2 vehículos, 2 sistemas de reconocimiento remoto con sus accesorios y baterías, 2 rack, 2 plantas eléctricas, 4 pantallas de visualización,  Smart tv, 2 computadores portátiles, módems para automoción, CCTV (Indoor/outdoor) y 2 Nvr de 1 Tera.

Se está afectando el interés general

Para la Contraloría, dado que a la fecha no se cuenta con el Sistema de Reconocimiento Remoto, se torna en ineficaz el manejo del recurso público comprometido y, de esta manera, se está afectando el interés general involucrado en esta compra.

La Policía Nacional deberá dar respuesta a las observaciones presentadas por la Contraloría General de la República, respecto a las posibles inconsistencias derivadas de la supervisión contractual, la suficiencia de los amparos constituidos para respaldar las obligaciones del contratista y las acciones emprendidas para hacer efectivas las garantías aprobadas para la ejecución del contrato.

Todo ello será materia de análisis por parte de la Contraloría Delegada para el Sector Defensa, Justicia y Seguridad y sus resultados se reflejarán en el informe de auditoría a la Policía Nacional, correspondiente a la vigencia 2016.