Con la nueva Política Nacional para la Gestión Integral de Residuos Sólidos, formulada con una visión ambiental de economía circular propuesta por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, se disminuirán los impactos ambientales y a la salud que ocasiona la inadecuada gestión de los residuos en el país, además garantizará la disminución de desechos enviados a los rellenos sanitarios.

El Conpes 3874 de 2016 fue presentado por el ministro Luis Gilberto Murillo durante el debate de control político en la Comisión Quinta del Senado de la República. “Hicimos un llamado a la Comisión para que trabajemos conjuntamente en la definición del texto que resultará en la Ley Nacional de Gestión Integral de Residuos Sólidos. Entre tanto, avanzamos en la puesta en marcha de esta nueva política que es la antesala a la aspiración legislativa”, indicó el jefe de la cartera ambiental.

Esta ley apuntará a definir liderazgos claros y una institucionalidad organizada para la efectiva y eficiente gestión de los residuos, la construcción de instrumentos e incentivos y la estructuración de un sistema de información nacional integrado, entre otros, con una plataforma que proporcionará datos agregados y por tipo de residuos y al mismo tiempo permitirá organizar la información sobre su gestión.

Entre tanto, el Ministerio avanza en la implementación de esta nueva política nacional, que considera entre otros temas, la internalización de costos ambientales y a la salud y el establecimiento de la responsabilidad extendida del productor para residuos prioritarios, lo que contribuye a generar beneficios económicos en los procesos de producción al reincorporar materiales aprovechables y mayores oportunidades para la consolidación de negocios verdes y sostenibles en áreas como la generación de energía y abonos orgánicos, así como la mejora de la condición de trabajo de los recicladores.

Finalmente, contribuirá a la reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero al 2030 y promoverá un crecimiento económico bajo los más altos estándares de calidad ambiental, competitividad, condiciones que facilitarán la apertura de nuevos mercados.

Colombia produce al día 32 mil toneladas de residuos, entre ellas, un alto porcentaje son aparatos eléctricos y electrónicos que no siempre tienen una disposición final adecuada y terminan afectado gravemente el medio ambiente. ¿Quiénes no han visto en cualquier esquina del país, canalización u otro sitio inadecuado un arrume de desperdicios en donde se ven televisores, computadores, pilas, carcasas y demás residuos sin ton ni son?

Y es por esta razón fundamental que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible trabaja intensamente en la creación de una verdadera política pública de gestión de estos residuos sustentada, entre otros pilares, en una Ley de la República que permita desarrollar normativa contundente que implique deberes no solo para los consumidores de estos productos sino también para los productores y comercializadores.

A la fecha de hoy las responsabilidades y las obligaciones en torno al manejo de gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos las define la Ley 1672 de 2013 que compromete al Gobierno Nacional, a los productores, a los comercializadores y a los consumidores en torno a este tema. Pero, ¿lo cumplen cada uno de estos actores? A todas luces, no…

Y es esta ley la que exige al productor que establezca directamente o a través de terceros un sistema de recolección y gestión de residuos ambientalmente seguro, viable financieramente, que aproveche y/o valorice esos residuos, informe a los consumidores de la devolución de los mismos y otra serie de conductas que disminuyan el impacto ambiental. “Si no cumplen (la normativa) hay varias sanciones como el cierre del establecimiento, sanciones monetarias y también el paso o el traslado de estas investigaciones a la (jurisdicción) penal”, informó el Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible.