En clase reciente de Derecho Probatorio, casi me “salgo de madre” o por lo menos a punto de “jalarme” los pelos y morderme el codo, por cuenta de dos estudiantes, cuando en escenario académico examinábamos el caso Colmenares y hube de decir que “apaga y vámonos” si se confirma -luego de agotada una técnica y cuidadosa investigación penal- y se comprueba que un perito de altos quilates como el exdirector de Medicina Legal, Máximo Duque, haya llevado a cabo su pericia, en la forma -que se afirma por la juez falladora de primera instancia- lo hizo, pretermitiendo las mínimas técnicas de protocolo en la exhumación del cadáver de Luis Andrés Colmenares Escobar. Fue acaso la experticia ¿¡una carnecería pura, salvaje, por Dios!? Inadmisible.

Uno de los estudiantes -creo oriundo de La Paz- peregrinamente dijo “uff profeee, eso fue que la contraparte le pagó para que practicara la prueba mal”. A estos chambones niveles argumentativos hemos llegado en una sociedad putrefacta. Esquizofrénica. Expliqué que la prueba pericial la había realizado el perito Duque, a solicitud y contratada por la familia Colmenares. Me miró con sonrisilla burlona e insistió: “profeee como estaaa este país; se veee de todooo”. ¿Qué tal, la carga delirante del comentario?

Señalo de nuevo que la perversa inferencia me sacó de quicio, porque la irresponsabilidad y la saña, la rabia, el morbo y la locura con los que se examinan estos casos mediáticos, no solo es de los medios de comunicación y de los irreflexivos tinterillos columnistas de opinión, o seudo periodistas de la radio, sino igualmente de las virulentas redes sociales (Facebook, twitter) y ¡oh paradoja brutal! de los opacos estudiantes de derecho que no se esfuerzan mínimamente para reparar el desafío de su generación para operar -hacia adelante- los sistemas judiciales y particularmente el Derecho Procesal Contemporáneo comprendido en la insondable dimensión que viene proponiendo la pedagógica doctrinante Diana Margarita Ramírez Carvajal. Y en este la sincrónica concepción del proceso penal contemporáneo.

Obvio que la ligera opinión del sombrío estudiante de derecho está influida por la animadversión, las mentiras, las falacias y los corolarios extraviados como los que se dejan arriba increíblemente revelados. No hay siquiera mínimo rigor ni construcción de atendibles razonamientos deductivos (así sean microscópicos) acompañados de lógica y de silogismos mínimamente críticos. ¡Por favor!

La presunción de inocencia es una garantía sustancial y procesal. Esta constitucionalmente prevista en el Artículo 29 y desarrollada en el Artículo 7 del Código de Procedimiento Penal -Ley 906 del 2004-. Allá y acá con fuerza normativa se establece que a toda persona debe presumirse su inocencia y no solo eso sino tratarse como tal, hasta cuando un juez emita sentencia definitiva, es decir, en firme o ejecutoriada, sobre su responsabilidad penal. Además, se señala que probar la responsabilidad penal, es carga de la Fiscalía General de la Nación -no de los jueces, ni de la defensa- porque es el órgano encargado de la persecución penal quien tiene ese rol y misión. En ningún caso podrá invertirse la carga probatoria.

El deporte colombiano es masacrar a quien la multiforme presión de los medios de comunicación y las redes sociales, sitúen ab initio, como responsable y solo los jueces anclados en los superados sistemas inquisitivos, donde el eficientísimo penal imperaba, satisfacen a la voracidad de la inasible opinión pública, rencorosa, violenta, inepta. Facilista.

El proceso contemporáneo se erige en escenario de garantías constitucionales y legales para por ejemplo construir la verdad de lo ocurrido, alcanzar el convencimiento judicial y decidir serenamente lo que en derecho y justicia justa corresponda. ¡Ese es el reto de los profesionales del derecho del mañana!

Por Hugo Mendoza Guerra