Hasta el 31 de marzo Organizaciones de Víctimas (OV) y Organizaciones Defensoras de los Derechos de las Víctimas (OVD) tendrán plazo para inscribir a sus candidatos y conformar las próximas mesas de participación efectiva de víctimas, proceso que se debe realizar ante cualquier personería del país (descargue los formularios que aparecen al final de la nota); las mesas de participación son espacios conformados para los sobrevivientes del conflicto armado colombiano tras la aprobación de la Ley 1448 de 2011 o Ley de Víctimas y Restitución de Tierras.

Este año, tras la firma de las resoluciones 01281 y 01282 del 30 de noviembre de 2016, y 01392 del 29 de diciembre de 2016, las cuales modifican el Protocolo de Participación, el proceso de elecciones tiene varios cambios fundamentales, entre ellos: dos cupos para víctimas de Minas Antipersonas (MAP), Municiones Sin Explotar (MUSE), y Artefactos Explosivos Improvisados (AEI), y otros dos para las víctimas de desaparición forzada. Además, la inclusión de dos cupos en la Mesa Nacional de Víctimas para connacionales víctimas en el exterior (ver instructivo connacionales al final de la nota) y la elección de los cupos étnicos en las mesas municipales de aquellos territorios que no tienen autoridad tradicional. Las cuatro categorías de hechos victimizantes (contra la vida y la libertad, por desplazamiento forzado, por violencia sexual y contra la integridad física y psicológica) y los enfoques diferenciales de mujer, jóvenes, población LGBTI, personas en situación de discapacidad y personas mayores, se mantendrán en las mismas condiciones.

Otro cambio significativo tiene que ver con las fechas de elección de las Mesas, quedando de la siguiente manera: 20 de agosto para el nivel municipal, 19 de septiembre para el nivel departamental y 20 de octubre para la Mesa Nacional. Esta ampliación en el tiempo de las actuales mesas de participación en todos sus niveles, y el ajuste del periodo de elecciones, se debe a la coyuntura actual del país, situación que permitirá a las mesas actuales participar en el acompañamiento al proceso de paz, especialmente en lo relacionado con los derechos de las víctimas, y al fortalecimiento de estos espacios en la primera fase de implementación del Acuerdo de Paz, alcanzado por el Gobierno Nacional y las FARC-EP.

Dicha extensión del periodo es pertinente, según lo establece la Resolución 01392 de 2016, ya que la Unidad para las Víctimas considera necesario articular los espacios de participación existentes con los espacios de los que trata el punto 5.1.3.7 del Acuerdo, sobre “la adecuación y fortalecimiento participativo de la política de atención y reparación integral a víctimas en el marco del fin del conflicto y contribución a la reparación integral a las víctimas”.

“Es fundamental fortalecer la participación de las mesas en todos sus niveles, municipal, departamental y Nacional, en esta etapa de tránsito hacia una paz estable y duradera. El Acuerdo de La Habana y en especial el punto quinto nos permite incluir aquellos grupos de víctimas que no se sentían representados. Es una oportunidad para que las mesas cumplan con la misión de continuar incidiendo en las políticas públicas para que haya verdad, justicia, reparación y no repetición”, dijo Alan Jara, director de la Unidad para las Víctimas.

En el mismo sentido y para fortalecer los espacios participativos existentes, generando una mayor sintonía con los retos que conlleva la etapa posterior a la terminación del conflicto, se ampliaron los cupos para los hechos victimizantes ya descritos, los grupos étnicos y las víctimas en el exterior.