Cuando Luís Alfonso Colmenares dijo en una entrevista radial que “ha traicionado su idiosincrasia guajira por querer llevar de manera civilizada este caso ante la justicia”, que “si esto hubiera sucedido en Villanueva, al día siguiente se habría resuelto”, refiriéndose al desazón que sintió frente a la absolución de las universitarias Laura Moreno y Jessy […]
Cuando Luís Alfonso Colmenares dijo en una entrevista radial que “ha traicionado su idiosincrasia guajira por querer llevar de manera civilizada este caso ante la justicia”, que “si esto hubiera sucedido en Villanueva, al día siguiente se habría resuelto”, refiriéndose al desazón que sintió frente a la absolución de las universitarias Laura Moreno y Jessy Quintero, como coautoras en la muerte de su hijo Luís Andrés, confirmé lo dicho a mil voces, mientras la justicia colombiana no le dé a cada quien lo que se merece, sin sesgos, pueden parcelarle el país a la guerrilla y demás grupos organizados al margen de la ley, que no vamos a tener paz nunca.
Peor ahora cuando el poder corruptor del dinero se acerca a importantes medios de comunicación para intentar confundir absolución con inocencia. Se publican exclusivas entrevistas, coincidentes con artículos de prensa que buscan inocular al cautivo lector las artificiosas razones por las cuales se cambió la orientación del fallo, después de que el Tribunal
Superior de Bogotá determinara que la causa de muerte fue un homicidio y que solo por vencimiento de términos las jóvenes obtuvieron la libertad, luego de ser detenidas al determinarse en interceptaciones telefónicas que realmente si sabían lo ocurrido en esa ‘Noche de Brujas’. Resulta curioso que al momento de fallar sospechosamente todo esto fue olvidado.
El caso Colmenares es apenas una muestra de la frustración que siente cualquier colombiano cuando decide confiar sus expectativas a un anacrónico sistema de administración de justicia. No hay garantías. El dinero, las relaciones personales o pasiones políticas, de tajo o tal vez ‘tajada’, cambia el sentido de cualquier sentencia. Entre más encopetados sean los sujetos procesales, el delito se enseñorea en un gran concierto de entidades, interesadas en amañar la orientación de indicios para estructurar la impunidad. Definitivamente en Colombia la justicia es para los de ruana.
Son estas las dudas que motivan al ciudadano del común a reprobar con 5,2 puntos, en una escala de uno a diez, la credibilidad de la justicia según el Centro Nacional de Consultoría. O las cataclísmicas cifras del Observatorio sobre Democracia de la Universidad de los Andes, paradójicamente el claustro académico de las universitarias absueltas, que arrojaron una marcada desconfianza de los colombianos en la imparcialidad de los tribunales (la cual pasó de 40,8 por ciento en 2010 a 19,5 en 2016), la impunidad aumenta (subió de 54 en 2012 a 69 en 2016) y la confianza en el sistema de justicia se desplomó (de 48,8 en 2008 a 27,7 en 2016).
Lo grave del asunto es que las decisiones judiciales en cada desacierto pierden legitimidad. Urge una reforma que desligue la política y el dinero de los jueces. Mantener este esquema sería el caos, en el que cada quien buscaría la justicia por cuenta propia. Con el tiempo nadie va a creer, nadie va a acatar, la violencia cobraría ribetes de aceptación y generalización colectiva, desencadenando un moderno episodio del ‘ojo por ojo, diente por diente’ de la primitiva Ley del Talión. Para reflexionar. Un abrazo.