La Fiscalía declaró delito de lesa humanidad la financiación que hicieron empresarios bananeros del urabá antioqueño y chocoano a grupos paramilitares que operaban en esa parte del país, informó hoy la entidad.

La providencia se emitió en un caso de “financiación voluntaria” de terceros al grupo paramilitar conocido como “Frente Arlex Hurtado” del Bloque Bananero que integraba las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU), indicó la Fiscalía en un comunicado.

Las ACCU era una de las unidades que integraban las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

El Bloque Bananero lo integraban unos 450 hombres que eran comandados por Hebert Veloza, y actuaba en el Urabá antioqueño y se desmovilizó en el 2004

La decisión de la Fiscalía fue tomada después de las declaraciones a la Justicia colombiana de Raúl Emilio Hasbún Mendoza, alias “Pedro Bonito” o “Pedro Ponte”, que fue cabecilla de ese frente.

Hasbún reveló nombres de empresarios bananeros de la zona del Urabá (entre los departamentos de Antioquia y Chocó, noroeste) que financiaron esa facción paramilitar entre 1996 y 2004.

“Los bananeros de la época, al parecer, aportaron para el sostenimiento del grupo paramilitar una importante suma de dinero que terminó llegando a manos de los armados ilegales a través de las denominadas ‘Convivir’, cuando estas eran legales, y posteriormente de cooperativas de seguridad”, agregó la información.

El testimonio de Hasbún fue ratificado por otros exintegrantes del grupo paramilitar, entre ellos Hebert Veloza, alias “HH”, quien comandó el Bloque Bananero durante varios años, así como por varios precedentes judiciales.

Según la Fiscalía, uno de los hechos que son objeto de investigación sucedió el 7 de noviembre de 2001, cuando en el terminal de carga del puerto del Urabá se descargaron y almacenaron por cuatro días 3.400 fusiles, cuatro millones de cartuchos, cargamento de armas y municiones que venía de Nicaragua.

“La conducta en la que presuntamente incurrieron los empresarios del banano los ubicaría como autores del punible de concierto para delinquir, según se desprende hasta ahora de las investigaciones”, agregó el ente acusador.

La providencia también subraya que “aunque no es un motivo de esta investigación, es posible sostener que igual tratamiento de concierto para delinquir agravado como crimen de lesa humanidad” se dará a aquellos empresarios y ganaderos que por convicción o convivencia contribuyeron y financiaron voluntariamente a grupos armados al margen de la ley.

Entre esos grupos están las guerrillas de las FARC, el Ejército Popular de Liberación (EPL), Ejército de Liberación Nacional (ELN) y la Corriente de Renovación Socialista (CRS).

EFE