Parece una película repetida, vista una, dos, tres y muchas veces. Es el mismo sinsabor, la misma preocupación y percepción. Hace ocho días, el 27 de noviembre, ocurrió un atraco en el conjunto residencial Las Margaritas, justo donde hoy vive el alcalde de Valledupar, Augusto Ramírez Uhía, y ese mismo día, mientras salió a almorzar, otros delincuentes asaltaron la casa del médico cardiólogo Julio Pérez, quien vive en el barrio Novalito, donde en otros puntos ese domingo ocurrieron otros tres hechos delictivos.

La cadena de atracos siguió. La siguiente víctima fue el concejal Jaime Bornacelly, quien fue interceptado por dos delincuentes en el barrio Primero de Mayo, y para continuar con esta cadena de atracos, el turno siguió para el presidente de la Asamblea del Cesar, José Mario Rodríguez, y su padre, a quien le rompieron los vidrios de su vehículo mientras asistían a misa en la iglesia Espíritu Santo del barrio Pontevedra. Pero el atraco más repudiado, por la envestidura de la víctima, es el ocurrido al padre Orlando Parra, párroco de la Iglesia Nuestra Señora de Guadalupe del barrio La Ceiba-Altagracia y este se sumó a los atracos que habían sufrido los sacerdotes de las iglesias Cristo Rey del barrio Doce de Octubre y Jesús de Nazareth de La Nevada.

Todos estos son casos de atracos y de hechos delictivos que afectan a personajes de la vida pública vallenata que tienen poder político, religioso y social. ¿Pero qué pasa con los ciudadanos inermes que no tienen esos privilegios y que diariamente sufren el flagelo de la inseguridad, como el robo, atracos, ultrajes físicos, lesiones personales y hasta la muerte?

Por ejemplo, qué plantean las autoridades acerca de la solicitud o reclamos públicos de ubicar un CAI móvil en las sedes de la Universidad Popular del Cesar, donde los estudiantes, principalmente mujeres, son víctimas de los delincuentes. Lo mismo ocurre con los estudiantes de la Udes y la Fundación del Área Andina, donde a pesar que ya van a salir a vacaciones, es un problema diario.

Y las amas de casa que ya ni pueden salir a la tienda de la esquina porque en el camino son asaltadas por jóvenes drogados que les quitan lo que lleven y si no llevan, pueden ser golpadas.

Sabemos que la Policía Nacional hace esfuerzos ingentes por evitar y disminuir esta ola de atracos, que cada institución y entidad hace su trabajo para contribuir con este fin, pero algo debe estar pasando que en vez de bajar, las cifras suben. Enfrentar este problema no solo es asunto de las autoridades, también es de las comunidades, de cada persona, que debe ser consciente de la inseguridad y tomar medidas preventivas. A muchas personas les disgusta la frase que repiten las autoridades: “No de papaya”, pero sinceramente es necesario aplicarla si no queremos que aumenten las cifras. Pero debe la Policía Nacional ajustarse más el cinturón y reforzar los controles. Estamos en diciembre, mes en el que aumenta la dinámica comercial y con ella la delincuencial. ¡Qué inseguridad!