Estamos, sin lugar a dudas, en la era de las comunicaciones; gracias a los avances tecnológicos, es posible estar conectados en tiempo real con personas que habitan en cualquier lugar del mundo, por remoto que esté, las 24 horas del día los trescientos sesenta y cinco días del año. Las redes sociales y el chat, para el ciudadano en general, se han constituido en la forma más fácil de difundir información de todo tipo, sin ningún tipo de control y a bajo costo.

Nosotros no hemos sido ajenos al fenómeno que revolucionó las comunicaciones, y es así como en el 26 de julio de este año, se difundió la noticia que daba cuenta que el agua del acueducto de Valledupar se encontraba envenenada y había cobrado la vida de dos personas. Inmediatamente se generó el pánico en la población, las ventas de bolsas de agua se dispararon, los colegios suspendieron actividades, los noticieros replicaron la noticia. Tiempo después el gerente de Emdupar junto con el alcalde, desmienten la noticia.

Situaciones como esta, ponen de relieve la ausencia de controles efectivos por parte del Estado, pues a la fecha, cuatro meses después de ocurridos los citados  hechos, no hay un pronunciamiento oficial, acerca de los resultados de la investigaciones adelantadas para esclarecer este hecho. Así las cosas, es forzoso concluir que nos encontramos a merced, de lo que alguna mente calenturienta se le ocurra decir a través de estos medios, generando pánico colectivo, y quien sabe que otras consecuencias.

El terrorismo, como modalidad delictiva, se encuentra inserto en nuestro ordenamiento penal y sanciona, con pena privativa de la libertad y multa, a toda persona que  mantenga en estado de zozobra o terror a la población, sin importar el medio del que se valga. Se citan como ejemplos: Una llamada telefónica, cinta magnetofónica,  video, casete o escrito anónimo. Nótese que la norma no establece el término en el cual la población es mantenida en zozobra o terror, puede que sean minutos, horas, o días y, tampoco se especifica el medio, pues solo se dan algunos ejemplos, que para nada descartan el chat o las redes sociales.

Exigimos, dada la gravedad del asunto, que las autoridades informen a la comunidad en general, el resultado de sus investigaciones, se aclare este hecho, y se determinen, si a ello hubiere lugar, las responsabilidades que las leyes establecen para este tipo de conductas.

Ojalá esto no quede, en las “investigaciones exhaustivas” de siempre, sin resultados plausibles. Pues repito, quedaríamos expuestos a este tipo de rumores, que se propagan alegremente y sin control, al mejor estilo del cuento de Gabo: “Algo malo va a pasar en este pueblo”.

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