El Comité de la ONU sobre los Derechos de las Personas Discapacitadas pidió a Colombia adoptar políticas de rehabilitación e inclusión social de discapacitados que hayan sido víctimas del conflicto armado.

Ello particularmente en el caso de las personas que hayan adquirido discapacidades psicosociales como consecuencia de ese contexto de violencia.

Estas recomendaciones figuran en las observaciones finales publicadas hoy por el Comité tras examinar el informe del Gobierno colombiano sobre cómo aplica la Convención que establece los derechos específicos de los discapacitados a nivel internacional.

En el capítulo sobre el “Derecho a la vida”, el órgano de la ONU considera preocupante que en las negociaciones de paz entre el Gobierno y las Farc no se haya dado prioridad al enfoque de discapacidad en relación con las víctimas, y que se carezca de estadísticas fiables de víctimas con discapacidad.

Por estas razones, se pide a las autoridades de Colombia que se incluyan la perspectiva de discapacidad en todos sus programas a favor de las víctimas del conflicto, con un acento especial en el caso de mujeres y niñas.

“Al Comité le preocupan los altos niveles de violencia que han afectado significativamente a mujeres y niñas con discapacidad, tanto civiles como excombatientes, discapacitadas desplazadas, o víctimas de minas antipersonal o del paramilitarismo”, señala el informe.

En esa línea, se pide identificar a quienes han sido víctimas de violencia sexual, así como que se investigue y enjuicie en tribunales civiles a los responsables, sean militares o miembros de grupos de autodenfensa.

De otro lado, el Comité plantea a Colombia medidas para prevenir el abandono, maltrato y la institucionalización de niños con discapacidad, incluso en el caso de los que están internados por orden del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

Recomienda que, a cambio, se desarrollen servicios basados en la comunidad y en apoyo a las familias, en particular cuando están encabezadas por madres solteras, para que los niños puedan gozar de su derecho a tener una vida familiar.

EFE