Entre las páginas 8 y 29 del Acuerdo Final de Paz, disponible para todos, quedó señalado el punto Hacia un nuevo campo colombiano: Reforma Rural Integral. Con este instrumento se procura solucionar los problemas estructurales del atraso del campo que han alimentado la guerra. Según Rafael Mejía, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, SAC, las compras agrícolas desde Estados Unidos pasaron de representar el 24 % al 58 %. Y lo peor, es que continuamos vendiendo lo mismo que hace diez años en ese mercado. Es decir, banano, café y flores. De allí, que el 28 % de toda la comida que consumen los colombianos sea importada, especialmente desde Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea.

El 29 de mayo de 2013, el Consejo de la  Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, decidió iniciar conversaciones de adhesión con Colombia. El 19 de septiembre de 2013, el Consejo aprobó una hoja de ruta para la adhesión de Colombia a la Convención de la OCDE. El año pasado esta organización realizó una serie de revisiones sobre las políticas agrícolas, en la cual estableció términos y condiciones. El documento entregado por la OCDE y el punto uno del Acuerdo Final de Paz, Reforma Rural Integral, comparten muchas coincidencias, las cuales se conjugan en procesos de Transformación estructural: es decir la transformación de la realidad rural con equidad, igualdad y democracia.

Mientras la población rural en Colombia hoy en día se estima en alrededor de once millones de habitantes, la población campesina es estimada en siete millones de personas. Para el 2030 la población colombiana será del orden de 70 millones de habitantes. La población rural no será mayor de 10 millones, mientras la población campesina, tendrá entre cinco y seis millones. Adicionalmente, el sector agropecuario registra los siguientes indicadores: El 75,5 % de los municipios del país son rurales, los cuales abarcan el 94,4 % del territorio nacional, el 46,5 % de la tierra en Colombia (propiedades de más de 500 hectáreas) la posee el 0,4 % de los propietarios, de los 3.718.000 predios rurales inscritos en el catastro nacional, 1,7 millones no cuentan con títulos formales de propiedad. En el mismo sentido no son buenos los indicadores inherentes a Infraestructura, desempleo, pobreza, salud, educación, vivienda, asistencia técnica, crédito y acceso a la tierra. Somos un país de innumerable riqueza, necesitamos aprovecharla, el acuerdo agropecuario es pertinente y oportuno, continuar aplazando sus reformas constituye una seria amenaza para nuestra seguridad alimentaria.

La Reforma Rural Integral necesita inversiones importantes para materializar los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, los planes en Infraestructura y adecuación de tierras, desarrollo social: salud, educación, vivienda, erradicación de la pobreza y los estímulos a la producción. Del mismo modo se requiere institucionalidad, esta es la principal exigencia que tiene cada uno de los acuerdos. Para el acuerdo que nos ocupa, al Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), le asiste el compromiso de actualizar el catastro nacional de propiedad inmueble y el inventario de las características de los suelos. La Oficina de Registro e Instrumentos Públicos, las notarías y las entidades que sustituyen al Incoder, son tres actores fundamentales para que este acuerdo sea realizable. Lejos de este acuerdo quedaron las ilusiones sin espíritu legal de las Farc, registradas en el artículo segundo de la Ley “001 de reforma agraria revolucionaria” avivada durante la Séptima Conferencia Nacional de las Farc en 1982.

El papel todo lo resiste, insisto en la importancia de la institucionalidad, este actor es garante para que el pueblo colombiano el 2 de octubre próximo refrende su fe por una nación que no quiere seguir viviendo angustiada y sin esperanza, no podemos ser inferiores al reto de gobernar al país del posconflicto.