Al ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, tuvo que haberle quedado doliendo la cabeza después de haber radicado el Presupuesto General de la Nación del 2017, en el Congreso de la República.

Es increíble, que de los 224.4 billones de pesos presupuestados para el año entrante, más del 56 % esté destinado a gastos de personal, pensiones y al servicio de la deuda pública. Tampoco tiene sentido que hayan reducido el presupuesto de inversión en más del 10 %, mientras incrementan los gastos de funcionamiento en un 8.3 %. Esto significa, que hay una excesiva burocracia administrando entidades y programas ineficientes con poco impacto en el crecimiento y desarrollo de la economía del país.

Tampoco tiene sentido que hayan aumentado el presupuesto a las fuerzas militares en un 2.8 %, para el año entrante, teniendo en cuenta que ya no tendremos que financiar más gastos de guerra por la firma del acuerdo del fin del conflicto armado con la guerrilla de la Farc en la Habana. Al menos que estén preparando a nuestras fuerzas armadas para un posible fracaso del proceso de paz.

También es absurdo que sigan concentrando el 49 % del Presupuesto General de la Nación en los tres ministerios con los peores indicadores de gestión y calidad del servicio. El Ministerio de Educación, a pesar de tener la chequera más grande ($33.5 billones) de todas las entidades del Gobierno Nacional, no ha podido implementar un mejor modelo educativo que nos permita salir del ranking de los últimos lugares de las pruebas Pisa. Andan más preocupados por impulsar las tendencias homosexuales en los colegios que en mejorar la calidad de la educación. En el Ministerio del Trabajo ($27.5 billones) no han podido bajar los índices de desempleo y pobreza, mientras que en el Ministerio de Salud ($21.4 billones) la inequidad y la corrupción convirtieron dicho sistema en un paseo de la muerte.

Nadie se explica, por ejemplo, como el presupuesto del programa de inclusión social y reconciliación, sea 5 veces mayor al del Ministerio de Agricultura, 1.5 veces al de Justicia y la Rama Judicial juntas o el doble del Ministerio del Transporte. Con razón hay tanta injusticia social, pobreza en el campo, ineficiencia en los procesos productivos y la pésima infraestructura de transporte en el país.

Lo más grave de todo, es que el ministro Cárdenas, haya recortado de un sólo machetazo el 41 % del presupuesto de inversión a la cartera del agro, a sabiendas que se deben garantizar los programas de inversión rural del postconflicto y la sostenibilidad del programa “Colombia Siembra” para sustituir más de 10 millones de toneladas de alimentos importados y aumentar las exportaciones agrícolas para generar mayores ingresos y empleos rurales en nuestro campo.
Al Congreso de la República le asignó un presupuesto de 441.000 millones de pesos en funcionamiento. Si dividimos esta cifra entre los 268 congresistas, cada uno nos cuesta alrededor de $1.645 millones al año, sin mermelada.

Claramente, el país está necesitando urgentemente un cambio en la metodología de planificación, elaboración y distribución del Presupuesto General de la Nación. El presentado al Congreso para la vigencia del 2017, es ficticio e incoherente. Es mejor que lo devuelvan.