Crece la polémica sobre la medida del Ministerio de Educación que ordena que los colegios del país modifiquen sus manuales de convivencia para proteger a las minorías, entre ellas la LGBTI.

El debate que fue promovido después de que la diputada Angélica Hernández del departamento del Santander sostuviera de la modificación en los manuales -que se da tras la Sentencia T-478 de 2015 de la Corte Constitucional, proferida por el caso Sergio Urrego, y la implementación de la Ley 1620 de 2013 con la que se busca garantizar que los menores gocen de un ambiente escolar sano, libre de violencia y discriminación- se podría tratar de una “colonización de normas LGBTI” en los colegios.

Mientras que el alcalde Augusto Daniel Ramírez Uhía hizo un fuerte pronunciamiento frente a la Ley de Convivencia Escolar y las directrices de la ministra de educación Gina Parody, en el que sostuvo que los temas de los baños únicos para niñas y niños, y la posibilidad de que “los niños puedan ir vestidos de mujer a las escuelas” deben discutirse “a profundidad”.
“Nos preocupa que situaciones como esas vayan a decantarse en una acciones que conlleven a ese adoctrinamiento sexual”, dijo el mandatario ayer, durante la reunión de los Órganos Colegiados de Administración y Decisión, OCAD.

Ramírez Uhía propuso a sus colegas que se analice la Ley de Convivencia Escolar, así como el último pronunciamiento de la Corte y las diferentes directrices del ministerio de Educación frente a los Manuales de Convivencia de las instituciones educativas.
“Porque creo que hay que ser muy responsables en los procedimientos que se vayan a implementar, siempre en la defensa de los valores y de los principios de las familias. Y no generar ninguna distorsión”, precisó.

Por su parte, el secretario de Educación del Cesar, Jorge Eliécer Araújo Gutiérrez, se abstuvo de dar declaraciones hasta que no sea notificado por parte del Ministerio de Educación.

Araújo dijo que esta discusión se ha generado como un rumor y que al momento de ser notificado por el Ministerio de Educación emitirá su opinión.

Mientras crece la polémica en los diferentes escenarios políticos, en Valledupar un grupo de ciudadanos está organizando la manifestación denominada ‘Abanderados por la familia’, programada para el próximo 10 de agosto.
“Muchos de nosotros fuimos criados por papá y mamá bajo principios y hoy en día no podemos permitir que se nos imponga a nuestros hijos una educación que está basada en engaños e ideologías”, aseguró Antonio Salazar, líder de esta iniciativa.

Agregó que la educación de los menores es un derecho constitucional, “está escrito en el artículo 68 en el inciso 4 de la Constitución de Colombia, en el que dice que los padres tienen el derecho de velar por la educación de sus hijos. No podemos callar, porque tenemos el derecho de educar sexualmente y moralmente a nuestros hijos”.

Por Ariadne Osorio / EL PILÓN