Desde mediados del año pasado a la preocupación de la junta directiva del Banco Emisor por la devaluación galopante que acusaba el peso colombiano frente a la divisa americana se vinieron a sumar los brotes inflacionarios. Como es bien sabido la Constitución de 1991, que ahora cumple 25 años, le atribuyó al Banco de la República la política cambiaria y la política monetaria y esta última debe de estar encaminada a preservar el poder adquisitivo de la moneda. Con tal fin la Junta se impuso como meta alcanzar una Inflación – objetivo cada año, metiendo en cintura el índice de precios al consumidor (IPC) y a fe que lo logró. En todo caso, el éxito del Banco al mantener a raya la inflación fue uno de los pocos factores que contribuyeron a mejorar la competitividad de la economía colombiana, sobre todo porque el mismo sirvió de ancla de la estabilidad macroeconómica.

Son varios los factores que vienen gravitando sobre el comportamiento de los precios internos en Colombia. Podrían resumirse en dos fundamentales: el fenómeno de El Niño, que ha afectado enormemente los precios de los alimentos, que tienen un peso del 28.2% en la canasta familiar y ya acumula una inflación del 14.3%. Adicionalmente se afectaron también los precios de la energía y el gas, a consecuencia de la sequía. A ello se ha venido a añadir tanto el paro agrario reciente como el paro camionero y ahora se avizora el fenómeno de La Niña, cuya ocurrencia podría darse en el último trimestre de este año.

De otra parte, tenemos la devaluación del peso frente al dólar (15 – 20%), la cual se ha traducido en un incremento de los precios de los bienes transables y de los insumos importados y de contera, por el efecto contagio se transmite vía precios a los no transables, así como a los precios y tarifas de los bienes y servicios regulados. Y, para rematar, muchos precios y tarifas (arriendos, servicios de educación y salud, entre otros), amén del salario mínimo, están atados al IPC y por lo tanto se ven arrastrados al alza debido a la indexación de los mismos.

La inflación se trepó al cierre de junio al 8.6% anual, la inflación más alta en lo corrido de este siglo; en menos de un año se triplicó, superando con creces el límite del rango meta del 2 – 4%.

La inflación, entonces, se convirtió de la noche a la mañana en la mayor amenaza para la estabilidad macroeconómica del país, que le resta competitividad al tiempo que erosiona la confianza tanto de los consumidores, los industriales y los inversionistas. La tasa de interés de intervención ha subido desde 4.5% a 7.5%, postura monetaria esta que todavía luce expansiva en la medida que la tasa de interés real sigue siendo negativa.

Con sobrada razón el experto analista económico Mauricio Cabrera cuestiona las decisiones de la junta directiva del Banco, porque sabiendo que “la inflación es de costos y no de exceso de demanda, se empeñan en subir las tasas de interés, que es un instrumento que sólo sirve para frenar el consumo y la inversión, es decir disminuir la demanda”. Y añade, “por qué aceptar el costo de frenar el crecimiento y aumentar el desempleo en aras de contener una inflación” que el propio banco atribuye a factores transitorios, como lo son el fenómeno de El Niño y la devaluación. Remembranzas del poema del maestro Valencia, este es el típico caso en el que “se sacrifica un mundo para pulir un verso”.

Pero, la Junta no puede perder de vista que, como lo sentenció la Corte Constitucional en su oportunidad, justamente en el filo de la gran crisis de la economía colombiana, que “la finalidad del Banco de la República no es exclusivamente luchar contra la inflación. Esa es la función básica del Banco, pero la Junta no puede ser indiferente a los otros objetivos económicos, pues sus decisiones deben coordinarse con la política económica general y desarrollar el contenido social del Estado colombiano…La Junta no puede ser indiferente a los otros objetivos del desarrollo económico y social previstos por la Carta”. Así de sencillo y claro.