El encuentro sostenido recientemente entre el procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, y la comunidad indígena Yukpa asentada sobre la serranía del Perijá, fue la oportunidad que hallaron los alcaldes de los municipios atravesados por ese macizo para exponer su postura en torno a la zona veredal transitoria de normalización que será establecida en La Paz, y a la cual la etnia citada se opone rotundamente.

Juan Francisco Rojas, alcalde de Becerril, fue enfático al decir que no desea que la guerra vuelva al territorio cesarense, basado en que esa violencia generada en años anteriores la vivió en carne propia al tener que desplazarse obligatoriamente del municipio. “Yo no me arrodillé ante aquellas personas que creyeron que los fusiles eran los que iban a imponer la democracia en nuestro territorio, y hoy estamos aquí respaldando a nuestra comunidad para que el Gobierno Nacional nos tenga en cuenta para poder tomar decisiones”, dijo.

Comentó el mandatario que cuando se rumoró sobre el establecimiento de la zona de normalización en su municipio, se sorprendió porque del Gobierno nunca se lo confirmaron, por eso se animó a solicitar a la administración del presidente Juan Manuel Santos cuáles eran las razones que ha expuesto la guerrilla de las Farc para que en el Departamento del Cesar se ubique una de las zonas de normalización. “Lo que estamos pidiendo es que nos tengan en cuenta y nos manifiesten con claridad cuáles son las bondades o consecuencias de este proceso de paz, pero queremos aclararle que no estamos en contra de la paz”, precisó.

Luis Peñalosa, primer mandatario de Codazzi, contó por su parte que el primer alcalde en el Cesar que hizo renunciar la guerrilla del Ejército de Libración Nacional (Eln) en 1992 era su tío, lo que en consecuencia causó su desplazamiento del departamento.

Comentó que a la comunidad Yukpa se le debe apoyar “y vemos que en escenarios como este de la zona de concentración es que hay improvisación en el Gobierno”, precisó. Lo anterior lo fundamentó en que en días anteriores sostuvo una reunión con el ministro del posconflicto, Rafael Pardo, a quien le preguntó por qué en las mencionadas zonas donde se asentarán grupos de las Farc no se había resuelto un encuentro con los alcaldes, teniendo en cuenta que ello pudiese generar problemas de seguridad, “pero a mi celular llegó un mensaje para reunirme con la guerrilla y yo lo que dije fue que si estoy a favor de la paz pero no me reúno con grupos al margen de la ley”, aseveró.

Manifestó su esperanza en que las que considera ‘improvisaciones’ del Gobierno Nacional, como el hecho de no tener en cuenta a los indígenas mediante una consulta previa, no vaya a dar al traste con el proceso de paz.

Yarcelis Rangel, alcaldesa de La Jagua de Ibirico, indicó que apoyará a los yukpas para que su delimitación territorial se mantenga y para que resulten beneficiados con proyectos productivos, en piscicultura y productos de pancoger que garanticen su seguridad alimentaria.

Dubis Cotes, secretaria de Gobierno del municipio de La Paz, en representación de la alcaldesa Andrea Ovalle, señaló que están prestos a apoyar el proceso de paz, pero solicitó al Gobierno Nacional garantías de seguridad y orientación en cómo hacer pedagogía sobre la paz para llevar a la comunidad.

Por último, el gobernador del Cesar, Francisco Ovalle Angarita, afirmó que deben existir criterios claros y contundentes para determinar cuál será el sitio que mejor le convenga al gobierno para poder establecer las zonas de normalización. Aunque todavía no se conozca la ubicación exacta de dicha zona en La Paz, el mandatario departamental reafirmó su compromiso y acompañamiento en el tema.

Por Jennifer Del Río Coronell
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