Más de 200 indígenas de la etnia yukpa provenientes de los diferentes resguardos indígenas asentados en la Serranía del Perijá esperaron al procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez, para exponer ante el líder del Ministerio Público la principal inquietud que les genera la decisión emitida hace unas semanas sobre el establecimiento de una zona de normalización veredal en el municipio de La Paz –donde se efectuó la reunión- puesto que la misma no fue sometida con antelación al proceso de consulta previa que por normas internacionales debe someterse al afectar el territorio ancestral indígena.

Luego de que los cabildos gobernadores expusieron las consecuencias que acarrearía la zona de normalización veredal en La Paz, que hace parte del territorio ancestral yukpa junto a los municipios de Codazzi, Becerril y La Jagua de Ibirico, atravesados por la Serranía del Perijá, el procurador Ordóñez les dio a los indígenas la anhelada respuesta: la Corte Constitucional colombiana y el convenio 169 del año 1989 de la Organización Internacional del Trabajo, en el que se comprometió el país, establecen como indispensable la consulta previa en todos aquellos casos en donde la implementación de los acuerdos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) tengan impacto o afecten dichas poblaciones indígenas en defensa de los territorios ancestrales y de los derechos de las diferentes etnias.

De acuerdo con el jefe del Ministerio Público, en este tema el Estado no puede desconocer las obligaciones adquiridas internacionalmente, por eso afirmó que en el texto del proyecto de ley que validará los acuerdos de paz debe anexarse una norma que consagre que la consulta previa es obligatoria respecto a las zonas del territorio nacional donde se vaya a llevar a cabo la desmovilización, el desarme y la reincorporación de estructuras de las Farc, cuya localización pueda tener impacto en esas poblaciones. “La omisión de la consulta previa frente a las zonas de ubicación puede causar responsabilidad internacional del Estado y ser factor de nuevos conflictos sociales y violentos, las comunidades que se protejan con este mecanismo no pueden someterse ni someter sus territorios al acuerdo que en La Habana convengan los miembros de las Farc y del gobierno sin que previamente se haya efectuado tal consulta y se garanticen plenamente sus derechos constitucionales, entonces para la Procuraduría esto no es nuevo, lo advertimos antes de y ahora lo volveremos a hacer como representantes de la sociedad”, afirmó Ordóñez.

Explicó también que meses atrás la Procuraduría General de la Nación había hecho esa advertencia sobre las zonas de reserva y zonas de concentración, pues es lógico entender que al terminar un proceso de paz haya zonas donde se entreguen las armas y se desmovilicen todos los milicianos, “pero también entendemos cuáles son las limitaciones que deben existir cuando se van a determinar esas zonas, y cuando eso se discutía en el Congreso el otorgamiento de esas facultades al Presidente me permití enviar una comunicación al Presidente del Congreso haciendo esas advertencias porque en este proceso me ha tocado hacerlo a tiempo y a destiempo, con prudencia y con imprudencia, pero siempre con el afán de hacer cumplir los derechos”, reiteró.

Entre los compromisos adquiridos por la Procuraduría General de la Nación con la comunidad yukpa están la reiteración a las autoridades administrativas del Estado, es decir, al presidente Juan Manuel Santos y el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, el respeto que deben tener a esas limitaciones que le genera el derecho internacional al gobierno actual y, teniéndolo claro, acudan a la consulta previa con los indígenas, y de otro lado acompañar a las autoridades judiciales para hacer respetar la ley en este sentido.

Concluyó Alejandro Ordoñez manifestación una preocupación que lo aqueja frente a las zonas de normalización, que vienen siendo relacionadas con las de reserva campesina. “Que el gobierno aclare qué va a pasar luego del establecimiento de las zonas de ubicación de los primeros seis meses, porque muchas han sido solicitadas o están ya en trámite como zonas de reserva campesina. ¿Es mera coincidencia? El gobierno nacional debe aclarar eso porque ¿será que al terminar las zonas de ubicación habrán mutado en zonas de reserva campesina y permanecerán allí para sacarle provecho a esa tierra? Tenemos entendido que algunos milicianos ya se lo habrían manifestado así a los yukpas. Eso sería dramático y podrían revivir escenarios de violencia”.

El drama yukpa
Es sabido que a lo largo de los años son las comunidades indígenas de todo el país las que más han sufrido por la violencia generada por los grupos al margen de la ley e incluso actores del Estado, pues sus territorios han sido relegados y sus líderes callados en medio de las balas. Sin embargo, en el caso de los yukpas, sí ven necesaria la paz y la aprueban, pero ven como una falta de respeto el hecho de que el gobierno nacional haya prometido que las zonas de concentración no estarían ni en medio de asentamientos indígenas ni en zona fronteriza, aspectos que sí se cumplen en el municipio de La Paz.

Esneda Saavedra, gobernadora del cabildo yukpa de Socorpa, ubicado en el municipio de Becerril, afirmó que “hemos vivido la violencia dentro de nuestros territorios desde hace muchos años. Doce años estuvimos tranquilos, porque no fue ni el Ejército ni los paramilitares quienes sacaron a la guerrilla de nuestros territorios, fuimos nosotros con nuestros usos y costumbres. Que la zona veredal de las Farc quede en La Paz nos afecta porque aquí están tres cabildos, el territorio yukpa es uno solo, toda la Serranía del Perijá y por eso afecta a todos los resguardos, esa es nuestra casa”.

Según la líder indígena ya se han visto en la Serranía del Perijá la movilización de grupos armados y se han dado intenciones de reclutar menores de su etnia, pero sus autoridades han demostrado su autonomía y han impedido que se los lleven a sus filas.

Por su parte, Javier Clavijo, cabildo gobernador yukpa de la comunidad Iroka, declaró que “sí estamos de acuerdo con el proceso de paz, pero inicialmente hubo unos acuerdos de que esta zona no quedaría en frontera ni en territorios ancestrales indígenas, entonces ¿por qué van a cambiar las reglas del juego? Hay otros sitios de Colombia en los que se les puede brindar mejores garantías, donde pueden tener más tranquilidad porque el pueblo yukpa no va a querer esas concentraciones en sus territorios ancestrales”.

Para Clavijo, no se puede esperar nada bueno de organizaciones y personas que han matado. “Fuimos protagonistas de muertes, desapariciones, los sitios sagrados de los resguardos Socorpa, Iroka y Mencue fueron utilizados para confrontaciones, cuando se robaban cientos de reses y las echaban en nuestros territorios, las dejaban pastar un tiempo mientras el ganado descansaba, después venía el Ejército y nos trataba mal, ¿éramos culpables de eso? Cuando secuestraban dignatarios, utilizaban nuestros territorios y luego llegaba el Ejército a tratarnos mal, a decirnos guerrilleros. Se iban ellos y bajaban los guerrilleros a decirnos sapos del Ejército. Con todo eso, ¿creen ustedes que estamos de acuerdo que lleguen otra vez a nuestro territorio?”, contó.

¿Los pacíficos acepta la zona de concentración?
Miriam Palacios, vendedora de almojábana: No tenía idea de que aquí iba a haber una zona de las Farc. Quiero que haya paz porque tengo a dos hijos en el Ejército. Quiero que no haya guerra.

Ramiro Galvis, vendedor de bolis: Sé que aquí va a haber una zona de concentración, personalmente quiero que se dé la paz pero no estoy de acuerdo a que vayan a traer a las Farc para donde estamos nosotros. Temo por eso porque fui víctima de los paramilitares, que mataron a nuestros familiares por relacionarnos con la guerrilla que llegó a nuestras tierras cuando nosotros habíamos llegado mucho antes.

Héctor López, motociclista: Sí he escuchado de la zona de concentración, pienso que todo está bien. No tendría temor de ello, estoy de acuerdo.

Álvaro Bracho, vendedor de raspao: Son opciones que el gobierno toma y nosotros somos respetuosos de las acciones del gobierno, somos neutrales en ese aspecto, nos basamos en que debemos acatar lo que el gobierno establece.

Claudia Peinado, ama de casa: Sí estoy enterada de esa zona de las Farc. Uno siente temor porque uno no sabe lo que pueda pasar, pero también podría ser una garantía para el pueblo, lo mejor es ser neutro porque uno a veces no sabe ni cómo reaccionar. Dios es el único que sabe todo y cómo se van a llevar las cosas.

Jader Bertel, vendedor de almojábana: A la final es el proceso de paz y hay que apoyarlo porque si no se apoya, nunca se dará.

Luis Antonio Pallares, comerciante: Opino que puede haber esa zona de concentración pero no puede haber paz, porque una cosa es que el presidente no comparte lo que se acuerda, pero le pueden dar la espalda. Una cosa es lo que ellos hablan en La Habana y otra cosa puede ser la que se dé en las regiones, uno teme por los hijos de uno, que los vayan a reclutar o aumente la delincuencia.

Maribeth Perea, comerciante: No estoy de acuerdo con esa zona de concentración acá porque no sé qué mal viene para el pueblo, ningún beneficio viene, estoy segura que no. Temor por la seguridad, esto se pone más invivible de lo que está porque se acabó el contrabando de combustible y mire cómo estamos, llenos de atracos, esto se pondrá peor. Eso de que estarán organismos internacionales vigilando es pura mentira, la paz la hace Jesucristo si nos aliamos a Él. Quien cree en hombre está en un error gravísimo. Este pueblo lo único que tiene de pacífico es el nombre.

Por Jennifer Del Río Coronell
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