MEXICO (AP) — El gobierno de México aseguró el miércoles que aún no avala la versión de Estados Unidos de que un adolescente mexicano fue asesinado por un agente fronterizo estadounidense luego de que fuera agredido a pedradas, mientras las manifestaciones de condena iban en aumento.
“Se está señalando que hubo una agresión, no está comprobado todavía en las investigaciones, nosotros no lo estamos dando por un hecho”, dijo la canciller Patricia Espinosa.
“Tenemos que esperar a ver realmente, conocer con certeza, cuáles fueron los hechos que ocurrieron”, señaló después de una reunión con gobernadores mexicanos, quienes también manifestaron su repudio a la muerte de Sergio Adrián Hernández, de 15 años.
Legisladores, la iglesia Católica y organismos como Amnistía Internacional se sumaron a las condenas por la muerte de Hernández, el lunes, en un nuevo incidente que amenaza con escalar las tensiones sobre asuntos migratorios.
“Este crimen tensa las relaciones entre ambos países y agrava la situación fronteriza. La impunidad de este asesinato alentaría a que se cometieran actos similares de barbarie en contra de los mexicanos y los migrantes”, advirtió en un comunicado el Arzobispado Primado de México.
Para la canciller, la relación bilateral después de los es “positiva” en términos generales. “Es una relación que reconoce que el futuro de prosperidad que queremos tanto para mexicanos, nuestro Gobierno; como lo quiere, en su caso, el gobierno estadounidense para los ciudadanos estadounidenses, está íntimamente relacionado”, señaló.
Reportes preliminares estadounidenses señalan que los agentes fronterizos que realizaban patrullajes en bicicleta “fueron atacados con piedras por un número desconocido de personas”, dijo el martes el supervisor de Operaciones Especiales de la Patrulla Fronteriza, Ramiro Cordero.
Los padres del adolescente han rechazado las versiones de que su hijo lanzó piedras contra los agentes y han dicho que regresaba de ver a su hermano cuando se encontró con algunos jóvenes en el puente y poco después fueron agredidos a tiros sin razón aparente.

Legisladores consideraron la muerte como “una acción discriminatoria que constituye una violación flagrante a los derechos humanos”, según un documento aprobado el miércoles en una comisión y que será votado por el pleno de la Comisión Permanente, que sesiona cuando el Congreso se encuentra en receso.
Amnistía Internacional pidió en un comunicado una revisión del uso de la fuerza por parte de la Patrulla Fronteriza, además de normas más estrictas sobre la utilización de armas.