El grupo de trabajo de la ONU que vela por los derechos de los afrodescendientes expresó su alarma ante el aumento de la violencia contra esta comunidad en Colombia y urgió a las autoridades a adoptar medidas para protegerla.

La demanda de los expertos se produce después de que varios dirigentes afrocolombianos fuesen objeto de intimidación y amenazas de muerte por llevar a cabo campañas a favor de sus derechos territoriales.

“Nos preocupa que muchos dirigentes de la comunidad afrocolombiana hayan sufrido amenazas de muerte como consecuencia de sus reclamos sobre los derechos territoriales ancestrales de sus comunidades y sus llamamientos para evitar la explotación de sus territorios por intereses mineros, incluidas las empresas mineras multinacionales”, dijo en un comunicado el jefe del grupo, Ricardo Sunga.

El experto pidió a las autoridades que protejan a toda la comunidad afrocolombiana, “especialmente a aquellos que participan en campañas para la restitución de tierras, como en el departamento del Cauca”, señaló.

Agregó que las autoridades nacionales deben poner fin a la “criminalización” y a las amenazas contra los defensores de los derechos humanos y sus familias.

Sunga puso de manifiesto los esfuerzos realizados en ese sentido por el Gobierno colombiano, pero señaló que aún se deben tomar “medidas eficaces” para garantizar la seguridad de estas comunidades e investigar las amenazas recibidas por los dirigentes.

Asimismo, el experto reiteró la disposición del grupo de visitar el país para obtener información directa sobre la situación y recordó que en diciembre de 2014 se pidió al gobierno una invitación oficial para realizar la misión.

La relatora especial de la ONU sobre cuestiones de minorías, Rita Izsák-Ndiaye; el relator especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, Michel Forst; el relator especial sobre ejecuciones sumarias, Christof Heyns, y el relator especial sobre las formas contemporáneas de racismo, Mutuma Ruteere, respaldaron la demanda del grupo de trabajo al Gobierno colombiano.

EFE