Con la declaratoria de nulidad de la elección Oneida Rayeth Pinto Pérez como gobernadora del departamento de La Guajira, emitida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, queda demostrada la debilidad institucional del Estado colombiano, la falta de vergüenza de los dirigentes políticos de ese departamento y el notable desinterés por las necesidades de la ciudadanía.

Cuanta falta hace la gallardía para reconocer nuestros errores, la dirigencia del departamento de La Guajira no puede seguir engañando a la gente, hechos evidentes los desenmascaran: Según el Ministerio de Educación el año pasado en La Guajira a los contratistas del programa de comida escolar les pagaron 54.000 millones de pesos por suministrar la comida para los estudiantes de las escuelas más pobres; sin embargo, solo 6.600 millones se gastaron realmente en alimentación.

De otra parte, en el Índice Departamental de Competitividad 2015, tampoco resultan bien librados en la medición de tres factores: 1) Condiciones básicas que incluye seis pilares relacionados con: instituciones; infraestructura; tamaño del mercado; educación básica y media; salud; y medio ambiente, 2) Eficiencia incluye dos pilares: educación superior y capacitación, y eficiencia de los mercados 3) Sofisticación e innovación, incluye dos pilares que miden: la sofisticación y diversificación productiva, así como la innovación y la dinámica empresarial.

De acuerdo con el primer factor, La Guajira entre 25 departamentos y Bogotá, en su orden ocupó los lugares 20, 21, 9, 22, 22 y 20. En lo relativo al segundo factor los resultados fueron los siguientes, 20, 22 y 9, entre tanto, para el tercer factor quedó posicionada en los lugares 18, 16 y 22. Las cifras son elocuentes y lapidarias, deshabilitan cualquier justificación y negación de responsabilidades, es un descaro culpar al centralismo de la ineptitud local, asimismo, seguir renegando por la implementación del modelo del sistema de regalías, pues en materia de crecimiento y desarrollo no hay mucha diferencia, pero si coincidencias por efectos de la corrupción.

La estrategia política por la carrera presidencial pone de presente el retén montado para evitar el ascenso de German Vargas Lleras, en ese juego la Región Caribe en vez de actuar como protagonista en defensa de los intereses del territorio, se presta útilmente para favorecer el avance de los procesos, con el agravante del protagonismo secundario en la prensa nacional.

Por fortuna la nulidad de la elección de Oneida Pinto, no está relacionada con la polarización ideológica de los bandos de Derecha y de Izquierda, sino en la mezquindad de sus dirigentes que anteponen sus obligaciones por sus intereses.

Así como hay responsabilidad de las organizaciones políticas y de sus dirigentes que sabiendo de las inhabilidades existentes avalan candidaturas, no es menor el adeudo de la estructura institucional encargada de advertir la ocurrencia de estos casos.

El departamento de La Guajira de realidad desproporcional de acuerdo con las riquezas que tiene, nuevamente ve debilitada sus posibilidades de diversificar la estructura productiva para ganar autonomía, propender por educación de calidad para la productividad los desafíos a la gobernabilidad democrática y reformas prioritarias de diálogos nacionales para gestar visión compartida.