Sus manos calludas y deterioradas delatan sus raíces campesinas; son los principales signos de un hombre que nació y se crió en el campo, sin embargo el curso de su vida dio un giro de 180 grados por culpa de la franja sangrienta que enlutó a miles de familias por culpa del conflicto armado.

Hoy, Ulpiano Caballero Buelvas añora un mejor vivir para su familia; aún recuerda las noches de angustia en las que no sabía si la muerte llegaría más temprano que nunca.

Limpia el sudor de su cara con la manga de su camisa arrugada, mientras recuerda su desdicha, la misma que experimenta desde hace 24 años cuando un comando de las Farc lo sacó de su parcela en el corregimiento de Verdecia, población que paradójicamente está en jurisdicción de La Paz, municipio cesarense.

“Esa gente siempre llegaba a la parcela y hacían sancocho, pero eso pasaba cuando yo no estaba porque yo también trabajaba en un camión de Postobón en Codazzi, allí había cultivos de maíz y yuca, también criaba gallinas. Un día llegaron y de dijeron a mi esposa que me fuera, que si me encontraban me mataban”, recordó el hombre, mientras trataba de acomodarse las cadenas oxidadas con las que ayer se amarró en la parte exterior de la Unidad de Atención a Víctimas de Valledupar, para reclamar, según él, el derecho a la reparación.

“Esa parcela valía 20 ó 30 millones de pesos y la vendí por dos millones, prácticamente regalé el trabajo de toda una vida; no tengo miedo, tampoco tengo rabo de paja, esa gente acabó con mi vida”, lamentó Ulpiano Caballero, quien a sus 70 años desafía el sol y la alta temperatura a la espera de una respuesta favorable del Estado.

Pero su cadena de desdicha continuó en el corregimiento de La Mesa, en donde literalmente compartió con la muerte; su oficio era el campo y nada más. A su mujer y sus tres hijos les faltaba el pan de cada día y había que encontrarlo a punta de los trabajos de labriego, no le importaba si había que convivir rodeado de hombres armados con fusiles y motosierras.

“Me fui a tirar machete a La Mesa porque tenía que mantener a mi familia, pero un 11 de diciembre de 2000 mataron a seis compañeros, ese día yo no estaba en el pueblo, cuando regresé encontré el poco de muertos”, recordó el hombre, que lleva tres días encadenado intentando despertar de la indolencia del Estado.

“Yo no estoy pidiendo ni plata ni casa, yo lo que estoy pidiendo es que nos digan en qué quedaron los proyectos productivos que habían prometido”, aclaró.

Las historias
La historia de Ulpiano Caballero se suma la de Mónica de la Torre Rodríguez quien con uno sus cinco hijos en sus brazos, toca las puertas de los organismos gubernamentales para solicitar el subsidio de arriendo que hace dos años no le llega.

“Yo vivía en una finca en El Palmar, más arriba de La Mesa, pero en 2004 un grupo armado nos sacó de allá, pero hace dos años no me llega el subsidio de arriendo por 270 mil pesos”, dijo la mujer de 34 años.

Ambos tienen su historia que contar entre las 361 mil víctimas establecidas en 25 municipios del departamento del Cesar. En Valledupar hay 119 mil.

Hoy se cumplen cinco años desde que el presidente Juan Manuel Santos Calderón sancionara la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras en una ceremonia en Casa de Nariño, con la presencia de Ban Ki Moon, secretario general de las Naciones Unidas.

Según la Unidad para las Víctimas, en estos cinco años, se han registrado más de ocho millones de personas como víctimas del conflicto armado colombiano, de las cuales poco más de seis millones están sujetas de asistencia y reparación. Antioquia, con un millón y medio de víctimas declaradas es el departamento con más registros del país, seguido por Bogotá con 647.641.

Los inconvenientes
Luz Elena Sarmiento, desplazada por los paramilitares del desaparecido corregimiento de Paraíso, municipio de Pivijay, desde hace 10 años busca que el Estado le reconozca su condición, pero los trámites y las pruebas exigidas dificultan ese proceso.

Para ella el panorama no cambia mucho con esta ley, porque siente que las trabas para inscribirse en el Registro Único de Víctimas son las mismas; aunque la tramitología es uno de los primeros inconvenientes que encuentran las víctimas, el problema principal es la seguridad.

“El hecho de que vayan 17 víctimas asesinadas quiere decir que faltan más acciones del Estado. Pero también falta combatir la impunidad de quienes cometieron esos crímenes”, dijo la mujer de 74 años.

Para la representante regional de la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas del conflicto en el Cesar, Juana Ramírez la atención a víctimas ha crecido notoriamente en el departamento, “para eso tenemos a disposición cuatro centros de atención en el Cesar y La Guajira, hemos indemnizado más de cinco mil personas, hemos realizado nueve planes de retorno y 39 procesos de representación colectiva”.

Sin embargo, asegura que aún hay lagunas porque “las personas no comprenden que la reparación no es para pobres sino para víctimas, sin embargo en municipios como La Gloria, Codazzi y Aguachica hemos atendido un alto porcentaje”.

Cerca de 500 mil víctimas se registran Cesar y La Guajira, de los cuales el departamento cesarense posee 361 mil por diversos hechos victimizantes, entre los que se destacan: desplazamiento forzado, secuestros, violencia sexual y despojo de tierras.

Por Nibaldo Bustamante/EL PILÓN