En Valledupar es enorme la preocupación por la gran inseguridad en la cual vivimos sus moradores, que si bien es un problema grave de todo Colombia y otras latitudes del mundo, a las autoridades locales les toca por lo menos buscarle mayor protección a su población.

Ya sabemos que la solución no es el encarcelamiento de quienes delinquen y mucho menos el pago de millonarias recompensas a quienes denuncien a los delincuentes, tampoco que las víctimas castiguen a sus victimarios, como lo hizo en Bogotá una mujer que bajo la complacencia de los transeúntes golpeó y obligó a desnudar en plena calle a un joven ladrón que intentó atracarla, porque esta es la peor justicia y por ende nadie debería aplicarla.

En EL PILÓN del martes pasado, Daniela Pumarejo Medina escribió una columna donde exhorta a nuestros dirigentes a implementar programas de resocialización y acompañamiento de los delincuentes durante y después de la detención penitenciara, con el argumento de que serían más económicos  y efectivos que cualquier otro método de control del delito, pero que la naturaleza vengativa y talional de los humanos es contraria a la promoción de la legalidad y a la prevención de la criminalidad.

Aunque el mensaje de esta nueva columnista además de muy interesante es bien favorable, en Valledupar ni en otra parte de Colombia con situación similar, ningún programa de resocialización como ella lo propone saldría económico, tal aseveración la sustento por la cantidad de delincuentes que cada día es mayor, todo el erario sería insuficiente para lograr recomponer el comportamiento social de los encarcelados y exconvictos.

En caso tal que se lograra resocializar a los delincuentes capturados, faltaría disciplinar a los retorcidos que no son encarcelados, entre los cuales tenemos a muchos delincuentes de cuello blanco, cuya lista la componen todo tipo de jueces, banqueros, industriales y otros empresarios  influyentes que todo lo encubren con sus dineros ilícitos.

Que más podría decir de los dirigentes políticos, si el alcalde del municipio más pobre al final de su mandato sale millonario, igual salen los contralores municipales que son sus cómplices en el detrimento del presupuesto patrimonial. De esta cadena delincuencial también hacen parte policías, militares, fiscales, gerentes de hospitales y otros funcionarios intermedios.

Si en el manejo de los municipios hay corrupción en todas sus oficinas, en la administración departamental pulula, es espeluznante. Y todos los funcionarios como si nada anómalo pasara; en fin, ya es costumbre. Lo peor es que los gobernantes salientes procuran seguir mandando con sus malas mañas.