A la hora de hablar de la ratificación de los acuerdos de La Habana, parece que los irredentos de estas negociaciones están utilizando una estrategia de “escalamiento”, hacia una generosidad ilimitada de los colombianos: periódicamente, lanzan una idea-proyectil a la opinión pública y, cuando, por cansancio en la discusión, pareciera que el público ya está resignado a tragarse ese “sapo”, lanzan un “sapo mayor”. Y así sucesivamente, hasta alcanzar lo que han buscado desde el principio, que es lograr que los grandísimos triunfos en la negociación que han conseguido las Farc sean blindados indefinidamente.
Veamos:
-Al haber prometido que los acuerdos serían refrendados por los colombianos y al saber que había alto riesgo de que los mismos los desaprobaran en un referendo, el Gobierno propuso un plebiscito. Y, temiendo que el elector primario no lo acompañara en los porcentajes en que lo haría durante un gobierno de alta popularidad, dispuso que en tal plebiscito se recortara la exigencia de participación mínima, propia de toda herramienta de este tipo.

-considerando que al someter la refrendación a un plebiscito acomodado, este fácilmente puede ser hundido en la Corte o en las urnas, los irredentos del proceso le apostaron a un acto legislativo que, en un país ya presidencialista, concedería poderes extraordinarios al Presidente de la República.  Ahora, la participación que quiso mutilarse no fue la del electorado, sino la de los parlamentarios, porque pretendía impedir que todos los congresistas elegidos participáramos en la discusión. Con el agravante de que formulaba para la aprobación de este acto un procedimiento expedito que se saltaba cualquier procedimiento legal utilizado en los procesos de paz anteriores.

-Últimamente, nos hemos encontrado con el galimatías de que, además de que tengamos que tragarnos el engendro jurídico del Acto Legislativo para la Paz, algunos digan que lo pactado en La Habana debe ser un acuerdo especial que, por su propia dimensión, tenga peso de tratado internacional y sea elevado a carácter constitucional.

Al ser el nuestro un conflicto interno, los acuerdos de La Habana en ningún momento pueden ser considerados como un tratado entre dos Estados, que es lo que pretenden rebuscadamente los negociadores. Sin duda alguna, la idea de que, por esta vía, se conceda rango constitucional a unos acuerdos inadecuados es un ataque directo a la institucionalidad.

De toda esta ebullición de ideas disparatadas, lo que el grueso de los colombianos podría leer es que las Farc se están saliendo de nuevo con la suya. Pero esta sarta de improvisaciones, de abusos de poder y de embates contra la democracia no conducirán a darles a los acuerdos ningún viso de legalidad, sino que, por el contrario, están socavando el objetivo de todas esas equivocaciones, que es el de garantizar la legitimidad del acuerdo y de blindar lo pactado para que, en últimas, las Farc queden tranquilas.