En términos generales expertos en materia de negociación de conflictos consideran que sus movimientos son eminentemente políticos. La terminación y solución de los conflictos no es solo un acto de contrición, ni de pactos, firmas y entrega de armas; también debe tener presente la legislación local e internacional y definir los fundamentos para encarar el postconflicto. Desde la perspectiva racional del ser humano sentarse a negociar el fin de cualquier conflicto es aparentemente una decisión sencilla, sin embargo, razones de orden político determinan que surjan complejidades.

El expresidente Álvaro Uribe, con su acostumbrado estilo, manifestó que ante la inminencia de la firma del Acuerdo de Paz entre el gobierno del presidente Santos y las Farc es necesario llamar a la resistencia civil. Anuncio nada sorprendente, todos conocemos su visión en torno al conflicto, ese énfasis sostiene su capital político, el mismo le permitió modificar nuestra Constitución Política, asimismo fue suficiente para defender los escándalos acaecidos durante ocho años de gobierno.

¿Qué valor tiene el consenso donde el disenso es prohibido? ¿Dónde no hay alternativa entre los dos? ¿Dónde el consenso es obligatorio y quizá premiado y el disenso no solamente es prohibido sino castigado? ¿Qué hacemos con los disidentes, los aniquilamos o los dejamos vivir? La respuesta que los gobiernos otorguen a estos interrogantes, determinará tanto la autenticidad de la denominación democrática otorgada a un régimen, como la legitimidad misma del consenso sobre el cual este se ha instituido. La oposición es un acto político legítimo, no obstante, la oposición encabezada por el expresidente Álvaro Uribe tiene un blanco definido: El Proceso de Paz, otros sectores económicos y sociales no son revisados con la misma vehemencia.

El anuncio de Resistencia Civil es la cuota inicial para emprender la campaña contra lo pactado en La Habana, reitero que la oposición es válida, necesaria y democrática, pero es deplorable que se haga con consideraciones falaces. Manifestar que en el proceso de paz se negocia nuestro modelo económico y político es tan irresponsable como argumentar que se iguala nuestra fuerza pública con las Farc y que avala procesos de expropiación de manera autoritaria, asimismo es engañoso el criterio del imperativo de justicia por la hazaña de extraditar a los paramilitares. Sobre este último aspecto es preciso probar si realmente las penas carcelarias hicieron justicia con las víctimas. ¿Hubo reparación?

El usufructo político por el conflicto favorece los intereses particulares de un conglomerado, pero afecta las estructuras de nuestra endeble sociedad e institucionalidad. En toda negociación las partes procuran ganar, el equipo negociador del gobierno Santos, por más que pretendan quedar en la historia, serían obtusos si los acuerdos terminan jugando a favor de las peticiones de las Farc, en especial por el proceso de refrendación ciudadano. En ese orden tiene sentido la seguridad y estabilidad jurídica del acuerdo final, por los avales institucionales del poder legislativo, la Corte Constitucional, el Consejo Federal Suizo y en las urnas de los ciudadanos de Colombia.

Las complejidades del proceso de paz deben ser resueltas por las instituciones referenciadas a través de un mensaje sencillo y comprensivo para la ciudadanía. La suscripción del fin del conflicto con las Farc es apenas una etapa de una extenuante maratón, la paz de una sociedad se logra con base en la garantía de no repetición, reparación a las víctimas, credibilidad de las instituciones y refrendando cada día la difícil admisión del perdón, no es un asunto exclusivo de penas carcelarias.