La tendencia colombiana a personalizar los asuntos institucionales, sustituyendo así las cosas de fondo por la bulla, impide que el análisis público de lo que interesa al país se haga sobre el meollo de los temas.

Eso es lo que parece estar pasando en la controversia acerca de la situación actual y el futuro de Friogan.

El estudio de este caso incluye la valoración de varios aspectos, desde luego.

Pero, en esencia, se trata de los ganaderos de Colombia y su relación con el Gobierno nacional. Friogan es mucho más que una persona jurídica.

En realidad, representa haber materializado la decisión estratégica de modernizar el sector, en momentos caracterizados por la tendencia hacia una mayor apertura de los mercados.

La búsqueda de más competitividad e integración de la cadena motivó las grandes inversiones en infraestructura, primero, que hicieron los ganaderos, y, luego, la decisión gerencial de fusionar los frigoríficos que eran de su propiedad.

Todos los esfuerzos del gremio han sido inspirados por una visión moderna de desarrollo empresarial y sectorial.

Como es usual en el mundo de los empeños productivos, semejante esfuerzo ha enfrentado dificultades de todo tipo.

El cierre del mercado venezolano, la alta informalidad, el aplazamiento de la entrada en vigor de normas dirigidas a normalizar el mercado de la carne, y otros factores, obligaron a la empresa a acudir a la Ley 1116 de 2006, con el objeto de definir un acuerdo de reorganización empresarial.
Ese es el mismo propósito que persigue el Fondo Nacional del Ganado. Y la voz de este actor tiene que ser escuchada.

Se trata, nada más ni nada menos, que del titular del 78 por ciento de las acciones suscritas de la empresa, de un acreedor de la misma y del codeudor solidario de varias instituciones financieras.
Adicionalmente, en sus manos está el 37 por ciento de los votos que se requieren para que sea aprobado el acuerdo de reorganización.

Además de que no es poco tener claro cuál es la voluntad de los dolientes, las consecuencias de la eventual liquidación, que éstos no desean, serían desastrosas.

En primer lugar, se perderían cerca de 800 empleos, cuando el índice nacional de desempleo va en aumento.

De otro lado, los costos derivados de la indemnización a los despedidos, el pago por las responsabilidades en que se incurra debido a los riesgos que sufran los inventarios, la desvalorización de los activos en virtud de la parálisis de las actividades, y de la atención a las pólizas de cumplimiento y garantías a los contratistas que están trabajando en obras adicionales, serían enormes.

La pregunta, entonces, es: ¿reorganizar o liquidar?

Si la mayoría de la junta del Fondo Nacional del Ganado aboga, según se conoce públicamente, por lo primero, así como lo hace la empresa, toda vez que el segundo escenario lo consideran catastrófico, ¿qué duda hay para el Gobierno acerca de lo que debe hacerse?

Por Carlos Holmes Trujillo