La Procuraduría Delegada para la Vigilancia Administrativa escuchó este viernes a las partes vinculadas al proceso que se le sigue a 15 de los 19 concejales de Valledupar, tras la elección del contralor municipal, Álvaro Castilla.

La audiencia dentro del proceso verbal que cobija a los miembros del Concejo se desarrolló desde la capital del país y de manera virtual fue seguida en la sede de la Procuraduría en Valledupar, donde estuvo presente el contralor Álvaro Castilla y particulares interesados en el tema.

El abogado defensor de los concejales, Luís Fernando Sereno, presentó una solicitud de aplazamiento de la diligencia, argumentando situaciones laborales que le impidieron estudiar a profundidad el caso de sus clientes, pero la misma le fue negada por la Procuraduría.

El Ministerio Público vinculó a los coadministradores del municipio a un proceso por conflicto de intereses, pues con su voto eligieron como contralor a Álvaro Castilla, persona sobre la que pesan señalamientos que lo unen al alcalde Augusto Daniel Ramírez Uhía, pues figura como uno de los inscriptores de su candidatura en representación del movimiento cívico ‘Avanzar es posible’ a la Alcaldía de Valledupar y porque además hizo aportes económicos a su campaña, como aparece registrado en los registros del Consejo Nacional Electoral.

Los concejales procesados son Víctor Julio Alvarado Bolaños, José Amiro Araméndiz Sierra, Jaime Eduardo Bornacelly Figueroa, Guido Andrés Castilla González, Dorismel Enrique Celedón Vega, Ciro Guzmán Chinchía Bermúdez, José Rafael Gómez Solano, Wilber Antonio Hinojosa Borrego, Gabriel Muvdi Arangüena, Eudes Enrique Orozco Daza, Wilfrido Ortiz Arias, Álex Pana Zárate, Carlos Julián Picón Cortés, Luis Miguel Santrich Díaz y  Yesith Triana Amaya.

También está inmerso en el proceso, el contralor Álvaro Castilla por ser la persona que genera el supuesto conflicto de intereses que hoy tiene en manos de la Procuraduría a buena parte del Concejo de Valledupar.

Los cuatro concejales que no fueron citados por la procuraduría son Leo Mestre, que votó por otro de los candidatos a la contraloría municipal; Ricardo López Valera, porque se abstuvo de votar; Gloria Ovalle, quien no se encontraba en el recinto en el momento de la elección y Carlos Alberto Daza, que votó en blanco.

El excontralor municipal y exasesor jurídico del departamento, Manuel Jerónimo Manjarrez Correa, magister en derecho administrativo, dijo que a su juicio los concejales de Valledupar cometieron un error al afrontar su defensa, pues dejaron en manos de un solo jurista su representación en este caso, donde no todos los miembros de la Corporación Edilicia tienen el mismo grado de responsabilidad en la elección del Contralor.

Manifestó además que una de las situaciones que desfavorece a los concejales es que no atendieron la advertencia hecha por la Procuraduría en cuanto al nombre de Álvaro Castila, ya que eran de conocimiento público las razones que hoy motivan el supuesto conflicto de intereses.
Precisó Manjarrez Correa que de la manera como están formulados los cargos por parte de la Procuraduría se ve venir una destitución del cargo e inhabilidad de 10 a 12 años para algunos concejales y el contralor, pues se trata de una falta gravísima a título de dolo.

“Puede ocurrir que haya una modificación del pliego de cargos y que a algunos concejales se le considere su falta como grave y se proceda entonces a una suspensión y no destitución del cargo, que sería entre seis y 12 meses”, dijo Manjarrez Correa.

Actualmente los concejales de Valledupar se encuentran en sesiones extras, donde estudian para su aprobación, el Plan de Desarrollo del municipio, el cual fue presentado por el alcalde el pasado seis de abril.
Los cuatro concejales que no fueron citados por la Procuraduría son Leo Mestre, que votó por otro de los candidatos la Contraloría municipal; Ricardo López Valera, porque se abstuvo de votar; Gloria Ovalle, quien no se encontraba en el recinto en el momento de la elección y Carlos Alberto Daza, que votó en blanco.

Por Edilberto Castillo Rada