Si el presidente Juan Manuel Santos, se sentara (una mañana) a escuchar y atender las recomendaciones de los dirigentes y empresarios de la producción agropecuaria del país, otro sería el rumbo de este importante sector de la economía colombiana. Es sorprendente que en nuestro país las políticas del Gobierno no tengan en cuenta la más […]
Si el presidente Juan Manuel Santos, se sentara (una mañana) a escuchar y atender las recomendaciones de los dirigentes y empresarios de la producción agropecuaria del país, otro sería el rumbo de este importante sector de la economía colombiana.
Es sorprendente que en nuestro país las políticas del Gobierno no tengan en cuenta la más mínima consideración de quienes se pueden ver afectados por ellas. No hay derecho por ejemplo, que la ministra Cecilia Álvarez Correa siga insistiendo en imponer por Decreto una nueva política arancelaria basada en un estudio del consultor Juan José Echavarría, que nadie conoce y han mantenido oculto a los 43 presidentes de los gremios de la producción agropecuaria. Claramente, esta es una muestra más de despotismo y arrebato de la ministra de Comercio contra los empresarios del país por los cuestionamientos que éstos han hecho a su opaca gestión.
Todos sabemos que la internacionalización de la economía es un proceso creciente que toca todos los negocios, cualquiera que sea el sector al que pertenezcan. Cuando se negoció el TLC con los Estados Unidos, se acordó que la desgravación de aranceles y los cupos de importación se fueran haciendo gradualmente años tras año mientras el Gobierno colombiano ejecutaba las inversiones y programas que ayudaran a nuestros productores a competir en igualdad de condiciones.
Pues el próximo 12 de mayo cumpliremos cuatro años de haber puesto en marcha el TLC con los Estados Unidos y las autopistas de la Ruta del Sol están a medias, el dragado del rio magdalena tiene problemas de ejecución, la vía al Vichada se quedó en planos, no se ha construido un solo distrito de riego y las líneas férreas de carga que conectan los puertos de la Costa Atlántica y Buenaventura con el centro del país no tienen presupuesto. Por otra parte, se incrementaron los costos en transporte e insumos agrícolas, subieron las tasas de interés y ampliaron la cobertura de impuestos de la canasta familiar. Entonces ¿cual es el afán de la ministra Álvarez Correa, de cambiar las reglas de juego de la política arancelaria, si el Gobierno no ha cumplido con su promesa de bajar el costo país?
Si los ministros de Hacienda, Mauricio Cárdenas, y el de Agricultura, Aurelio Iragorri, no revisan esta caprichosa y arbitraria idea de la ministra de Comercio, puede llevar al país a una situación peor a la que están viviendo en Venezuela. Un cambio en las reglas arancelarias a favor de los empresarios estadounidenses, haría que cooperativas de alimentos como la arrocera Riceland Foods, que comercializa 2.3 millones de toneladas al año (un millón más que toda la producción de Colombia), pueda traer arroz a granel de Estados Unidos para pulirlo aquí y luego comercializarlo directamente con las grandes superficies. Inclusive, exportarlo desde acá a otros mercados de Centro y Suramérica. Igual suerte podrían correr los sectores de aceites, frutas y carnes. El cultivo de la cebada se acabó en Colombia, precisamente cuando Cecilia Álvarez trabajaba en Bavaria.
Sin duda alguna, esta medida es una verdadera amenaza para el sector agropecuario del país.
Si el presidente Juan Manuel Santos, se sentara (una mañana) a escuchar y atender las recomendaciones de los dirigentes y empresarios de la producción agropecuaria del país, otro sería el rumbo de este importante sector de la economía colombiana. Es sorprendente que en nuestro país las políticas del Gobierno no tengan en cuenta la más […]
Si el presidente Juan Manuel Santos, se sentara (una mañana) a escuchar y atender las recomendaciones de los dirigentes y empresarios de la producción agropecuaria del país, otro sería el rumbo de este importante sector de la economía colombiana.
Es sorprendente que en nuestro país las políticas del Gobierno no tengan en cuenta la más mínima consideración de quienes se pueden ver afectados por ellas. No hay derecho por ejemplo, que la ministra Cecilia Álvarez Correa siga insistiendo en imponer por Decreto una nueva política arancelaria basada en un estudio del consultor Juan José Echavarría, que nadie conoce y han mantenido oculto a los 43 presidentes de los gremios de la producción agropecuaria. Claramente, esta es una muestra más de despotismo y arrebato de la ministra de Comercio contra los empresarios del país por los cuestionamientos que éstos han hecho a su opaca gestión.
Todos sabemos que la internacionalización de la economía es un proceso creciente que toca todos los negocios, cualquiera que sea el sector al que pertenezcan. Cuando se negoció el TLC con los Estados Unidos, se acordó que la desgravación de aranceles y los cupos de importación se fueran haciendo gradualmente años tras año mientras el Gobierno colombiano ejecutaba las inversiones y programas que ayudaran a nuestros productores a competir en igualdad de condiciones.
Pues el próximo 12 de mayo cumpliremos cuatro años de haber puesto en marcha el TLC con los Estados Unidos y las autopistas de la Ruta del Sol están a medias, el dragado del rio magdalena tiene problemas de ejecución, la vía al Vichada se quedó en planos, no se ha construido un solo distrito de riego y las líneas férreas de carga que conectan los puertos de la Costa Atlántica y Buenaventura con el centro del país no tienen presupuesto. Por otra parte, se incrementaron los costos en transporte e insumos agrícolas, subieron las tasas de interés y ampliaron la cobertura de impuestos de la canasta familiar. Entonces ¿cual es el afán de la ministra Álvarez Correa, de cambiar las reglas de juego de la política arancelaria, si el Gobierno no ha cumplido con su promesa de bajar el costo país?
Si los ministros de Hacienda, Mauricio Cárdenas, y el de Agricultura, Aurelio Iragorri, no revisan esta caprichosa y arbitraria idea de la ministra de Comercio, puede llevar al país a una situación peor a la que están viviendo en Venezuela. Un cambio en las reglas arancelarias a favor de los empresarios estadounidenses, haría que cooperativas de alimentos como la arrocera Riceland Foods, que comercializa 2.3 millones de toneladas al año (un millón más que toda la producción de Colombia), pueda traer arroz a granel de Estados Unidos para pulirlo aquí y luego comercializarlo directamente con las grandes superficies. Inclusive, exportarlo desde acá a otros mercados de Centro y Suramérica. Igual suerte podrían correr los sectores de aceites, frutas y carnes. El cultivo de la cebada se acabó en Colombia, precisamente cuando Cecilia Álvarez trabajaba en Bavaria.
Sin duda alguna, esta medida es una verdadera amenaza para el sector agropecuario del país.