Supongo que son muchísimos los casos a lo largo y ancho del territorio nacional, en los cuales las Personerías Municipales se encuentran acéfalas o por lo menos con nombramientos en encargos, como el caso de Bogotá, todo debido a la ejecución de la Ley 1551 de 2012, en lo que tiene que ver con la elección de Personeros Municipales y Distritales, mediante la figura del concurso público de mérito, la cual buscaba ser la cura para el problema que durante años tuvimos en Colombia, consistente en organismos de control territorial de bolsillo de alcaldes y concejales o dicho de otra manera, la extrema politización de una institución que clamaba a gritos la independencia y autonomía para cumplir a cabalidad sus funciones constitucionales y legales.

Las corporaciones públicas municipales se resisten a creer que en buena parte se les acabó el pastel y la mermelada con la Ley mencionada, ya que antes tenían el poder de nombrar a dedo tanto a los Personeros como a los Contralores Municipales y, consiguientemente, tenerlos bajo sus órdenes y, en la mayoría de los casos, como súbditos del alcalde de turno.

Para no ir tan lejos, ocurrió en Valledupar, donde una inescrupulosa universidad se prestó para la sinvergüencería de hacerles un concurso amañado a la administración municipal y al Concejo, en el que quedaron al descubierto ante toda la opinión pública, las triquiñuelas y la pantomima en que se convierte la tal meritocracia que pretende la Ley.

Me he enterado que en Chiriguaná aún están en el tira y jale entre varios concursantes e inclusive me cuentan que también les tocó emplear el mecanismo de tutela como en Valledupar y ahora un Juez les ordenó revocar la elección y posesión, elegir de nuevo y posesionar a quien realmente ocupó el primer lugar como lo ordena la Ley.

Pero si por allá llueve, por acá no escampa; en Bogotá ya se rebasaron todos los términos de Ley y les tocó posesionar tanto contralor como personero encargado, porque el Concejo Distrital tuvo que esperar que el Consejo de Estado le diera un concepto indicándole que la Ley de los Municipios también se debe aplicar en Bogotá.

Y tienen el descaro algunos miembros de las corporaciones públicas de elección popular, de preguntarse por qué estas se encuentran tan desprestigiadas ante la opinión pública: sencillamente, porque se han convertido en el mal ejemplo de la sociedad y porque prefieren la marrullería y la trampa a la decencia y el decoro.

Parece que tanto en Valledupar como en Chiriguaná al final les salió el tiro por la culata, porque terminó colándoseles quien no estaba llamado a la fiesta.