Jorge Eduardo Pérez, quien fue gobernador de La Guajira entre 2008 y 2011, es investigado por la Procuraduría General de la Nación por supuestas irregularidades contractuales en la entrega de medicamentos y la prestación de servicios de salud. En el pliego de cargos contra el exmandatario también involucran a la exjefe de Oficina Jurídica, Jussica Catherine Barros Zúñiga, y la exsecretaria de Salud del departamento, Claudia Sofía Meza Ochoa.

“Se cuestiona a los investigados porque al parecer permitieron la entrega de medicamentos y la prestación de servicios de salud a la población pobre y vulnerable no cubierta con el subsidio a la demanda y los eventos no POS del Régimen Subsidiado, sin que mediara orden o contrato formal, con lo cual habrían incumplido los requisitos previos establecidos en el estatuto de contratación y sus decretos reglamentarios”, informó la Procuraduría en un comunicado de prensa.

La investigación se basa en la demanda que interpuso Drogas La Salud a la Gobernación de La Guajira, por no pagar las obligaciones indicadas en el contrato para el suministro de medicamentos. También la empresa estuvo obligada a sanear a través del programa de saneamiento fiscal y financiero, “el no pago de la prestación de servicios de salud a la población pobre y vulnerable del régimen subsidiado”, dice el Ministerio Público.

La conducta presuntamente cometida por Jorge Eduardo Pérez y las dos exfuncionarias fue calificada como gravísima a título de dolo, porque pudieron advertir que no debían comprometer los recursos públicos en acciones que no estaban dentro del contrato, pero hicieron caso omiso e hicieron los suministros de los medicamentos.

En 2011, la Procuraduría también le abrió pliego de cargos al gobernador por presuntas irregularidades en los convenios que suscribió con el instituto de Bienestar Familiar y la Corporación Minuto de Dios. En el 2013, también se inició una investigación por irregularidades en seis contratos por prestación de servicios de salud.

“La posible conducta de los entonces servidores fue calificada como gravísima a título de dolo”: Procuraduría General de la Nación.