En éstos días se están cumpliendo 25 años de la fecha de iniciación de las sesiones de la Asamblea Nacional Constituyente que redactó la Constitución del 91.

El proceso que se vivió en aquellos años fue de gran importancia para el país.

En primer lugar, se buscó sacar adelante reformas fundamentales aprobadas por el Congreso, que no habían podido nacer a la vida jurídica debido a pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia.

De otro lado, todos los pasos que se dieron y las decisiones que se tomaron, tuvieron como propósito buscar la paz y crear nuevos espacios para la participación democrática.

Es indispensable recordar que eso fue posible gracias a un acuerdo político, mediante el cual se permitió la elección de una asamblea que no estaba contemplada en la Carta vigente, entonces como mecanismo de reforma de la Constitución.

Buena parte de las materias que se trataron ya habían sido discutidas en el Congreso y hacían parte de los reclamos de los colombianos.

Dejar atrás el centralismo agobiante, consagrar la democracia de participación y reformar el poder judicial eran algunas de las exigencias de los ciudadanos.

La defensa del pluralismo era un sentimiento ampliamente compartido, razón por la cual la integración de la constituyente reflejó la heterogeneidad que distingue a Colombia.

Las decisiones que se tomaron cambiaron muchas instituciones, se incorporaron principios, derechos y mecanismos nuevos para defenderlos y hacerlos eficaces, se le dio cabida a la descentralización, los colombianos quedaron con muchas herramientas en su poder para decidir por sí mismos, la justicia cambió en su estructura y posibilidades, en fin, las reformas no fueron cosméticas si no de fondo toda vez que logró estructurarse una nueva visión de Estado.

Las críticas empezaron pronto, en buena parte debido a la costumbre nacional de no dar tiempo suficiente al proceso de maduración y consolidación de las instituciones nuevas.

Tal actitud no es criticable en sí misma, pues las constituciones no son pétreas en tanto responden a las realidades sociales y políticas e distintas épocas. Lo malo de lo que ha sucedido es que la Carta del 91 ha sido desguazada.
Se le han hecho cambios puntuales sin mirar la integralidad del modelo que se concibió.

Es mucho lo que puede decirse en éste momento, pero a la luz de lo que está sucediendo hoy bueno es hacer énfasis en que aquel proceso fue posible gracias a un gran acuerdo político que contó con la bendición del pueblo, el ejecutivo y el poder judicial.

Hoy vivimos un momento histórico en el que debe definirse el mecanismo que permitirá que los colombianos decidan si aprueban o rechazan los acuerdos entre el Gobierno y las Farc.

La coyuntura por la que atraviesa la nación tiene características similares a otros momentos trascendentales, en los que se ha acudido a acuerdos políticos para permitir la participación del pueblo, y facilitar que éstos decidan acerca de materias fundamentales para Colombia.

Cada día que pasa es más clara la necesidad de actuar de la misma manera, a fin de que el constituyente primario diga sí o no al contenido de los acuerdos de La Habana y se pronuncie en materia del camino institucional para desarrollarlos.

Este puede ser un congreso transitorio para la paz o una asamblea constituyente con composición definida, período de sesiones determinado y competencia clara.

Que lo decida la gente.

Por Carlos Holmes Trujillo G.