Uno de los temas más sensibles y espinosos en las negociaciones de acuerdos y tratados comerciales entre los países en desarrollo y los países industrializados ha sido el de los subsidios y subvenciones a la producción y a las exportaciones de productos agrícolas y pecuarios, fundamentales para la seguridad alimentaria, por parte de estos últimos. Estos han venido causando distorsiones en la formación de los precios de los mismos en los mercados internacionales, dando lugar a prácticas tan nocivas como el dumping y la competencia desleal, que hacen de los mercados internacionales una cancha desnivelada en donde a los productores del campo de los países en desarrollo les toca competir en condiciones muy desventajosas.

Los subsidios y ayudas agrícolas han llegado a representar cerca del 50 % del ingreso total de los productores agrícolas en los países industrializados, dándose casos tan aberrantes como el del arroz que superan el 80 %.

Dicho de otra manera, por cada dólar de ingreso de los agricultores US $0.50 corresponden a los subsidios, ayudas y transferencias recibidas de manos del Estado, sin las cuales no serían competitivos en los mercados internacionales. Ello ha dado al traste con la producción agropecuaria en los países en desarrollo; el caso de Colombia es patético, después de importar 700 mil toneladas de alimentos en 1990, el 10 % del consumo interno, hoy las importaciones son del orden de las 10´300.000 toneladas, el 27.5 % según la SAC y más de 800 mil hectáreas se han dejado de cultivar. Y después de representar el 24 % del PIB en 1990, el marchitamiento del sector agropecuario lo ha reducido a una participación de sólo el 6.7 % y su crecimiento a lo largo de esta última década ha estado por debajo del 50 % del crecimiento promedio de la economía.

La X Conferencia Ministerial de la OMC que se realizó en Nairobi entre el 15 y 19 de diciembre se contagió del espíritu de la COP21 que había concluido con todo éxito el 11, cuando todavía sus ecos aún retumbaba en los medios. En efecto, en esta conferencia se acabó con el tabú de los subsidios a las exportaciones agrícolas y pecuarias, que se habían convertido en inamovibles para los países industrializados. A través del llamado “paquete de Nairobi” se tomaron decisiones trascendentales, equiparando las regla de comercio que rigen para los bienes agrícolas a las de los industriales, para los cuales los subsidios fueron suprimidos hace 55 años (¡!).

Además de la completa eliminación de los subsidios a las exportaciones agropecuarias por parte de los países industrializados a partir de 2016, a excepción de un listado reducido de productos agrícolas, también se acordó dar un espaldarazo a las “existencias públicas con fines de seguridad alimentaria”, mecanismo de salvaguarda este que favorece especialmente a los países en vía de desarrollo. Esta ha sido, como ya quedó dicho, una de las demandas históricas de los países en desarrollo. Estos por su parte tendrán plazo hasta 2018 para eliminar tales subsidios, en donde los hubiere y tendrán excepciones a su entrada en vigor hasta 2023.

Al logro anterior, que ya de por sí es bastante para los países en vía de desarrollo, se vino a sumar otro, el que hace relación a los mecanismos de salvaguardia especial (MSE) que como el SAFP que cedió Colombia en las negociaciones del TLC con EEUU a cambio de nada, permite a los países en desarrollo aplicar aranceles a las importaciones de ciertos productos para compensar o contrarrestar incrementos súbitos y atípicos de las importaciones o por caídas inexplicables de los precios internacionales de los productos importados.

Esta se constituye en una ventana de oportunidad para el sector agropecuario, tan venido a menos por cuenta de una falta de política y por cuenta de la apertura comercial atolondrada que ha dado al traste con el mismo.