La campaña presidencial, comentábamos, entra en su recta final con la primera vuelta a realizarse el próximo domingo 30 de mayo. Con buen criterio, las normas electorales prohíben durante la semana anterior a la fecha de elecciones la realización de manifestaciones de carácter público y masivo, y por lo tanto los candidatos o sus equipos y seguidores sólo podrán realizar reuniones pequeñas y de carácter privado. Lo anterior, con el fin de evitar posibles enfrentamientos entre los seguidores de uno y otro partido, entre otras razones, pero también con el fin de propiciar un proceso de reflexión previo a la elección que debe hacer cada uno de los ciudadanos aptos y habilitados para votar.
En la práctica, anotábamos, se trata de un conveniente y necesario periodo de reflexión que la ciudadanía debe aprovechar para conocer, analizar y comparar las distintas propuestas de todos los candidatos hoy en la contienda electoral.
Hemos advertido que esta ha sido una campaña relativamente corta y lastimosamente concentrada, de manera excesiva, en los resultados de las periódicas encuestas que distintos medios de comunicación han financiado por medio de la contratación de firmas especializadas. También hemos lamentado que en distintos foros se han comentado más los resultados y las tendencias de las encuestas que la validez y la viabilidad de las propuestas de los candidatos.
Además de la agenda económica, que implicará una serie de políticas macro y sectoriales de hondo calado, en materia de lucha contra el desempleo, la pobreza y la marginalidad; cambios para lograr una mayor competitividad del aparato productivo, en medio de una restricción fiscal y un mayor proceso de globalización, ahora con el TLC firmado con Europa; está la amplia agenda social que tampoco da espera.
En efecto, en el campo social, está la calamitosa situación del sector de la salud, abocado a una compleja situación financiera y administrativa, víctima del aplazamiento de una reforma estructural que permita garantizarle a los usuarios un real acceso a unos servicios de calidad, teniendo en cuenta la capacidad económica del sistema más allá del justo reclamo de un derecho esencial en el cual está en juego nada menos que la vida. Esta es una papa caliente que deberá afrontar de una el próximo gobierno.
Igual importancia tiene el tema de la educación, área en la cual hay que reconocerle muchos avances al actual gobierno en materia de aumento de cobertura y mejoramiento de la calidad. No obstante, en ambos frentes se requiere seguir avanzando, de una parte está el problema de la alta tasa de deserción escolar, y de otra los retos en mejoramiento de la calidad de la educación en general, ya que se requiere mejorar las competencias básicas de los niños y jóvenes, tanto en el sector público como en el privado y en mayor o menor proporción en todas las regiones de todo el país.
Otro problema delicado que deberá asumir el próximo presidente de la República es el de la reforma a la rama judicial. La administración de justicia en el país pasa por una aguda crisis. La demora en la elección del Fiscal General de la Nación demuestra hasta donde ha llegado la politización de esta rama, pero este es sólo la punta del iceberg, hoy el ciudadano colombiano se siente desprotegido, tiene una gran desconfianza en su sistema judicial y percibe que esta es demorada, inoportuna y ha sido permeada por la acción de grupos ilegales armados y por el cáncer de la corrupción.
En el ámbito internacional, advertíamos en notas editoriales recientes, está la urgencia que tiene Colombia de revisar y actualizar su política exterior, con el fin de darle un carácter integral a la misma, ampliando nuestro radio de acción más allá de la gran sombra del Tío Sam, mirando a Europa, al Asia y revisando los problemas con nuestros vecinos, incluyendo el establecimiento de una real y efectiva política de fronteras.
Sin lugar a dudas se nos quedan muchos temas entre el tintero, como se dice popularmente; pero la agenda antes enunciada demuestra los grandes retos que tendrá que asumir quien remplace a Uribe Vélez.
Lo anterior demuestra los graves problemas sociales, económicos e institucionales que afronta Colombia en la actual coyuntura y que requieren de la elección de una persona idónea, capacitada y con experiencia al frente de la primera magistratura de la nación.
Esta agenda ratifica la gran importancia de este periodo de reflexión que tienen los ciudadanos colombianos, insistimos, para informarse, conocer, estudiar y comparar, las propuestas programáticas, pero también el perfil, la formación y la experiencia de cada uno de los candidatos antes de decidirse, escoger y votar por quien consideran que reúne los requisitos para atender un país con los graves y complejos problemas que tiene el nuestro. No es de poca monta lo que está en juego y de allí la importancia de la decisión a tomar.