A estas alturas de las conversaciones en La Habana, sigue siendo evidente que el Gobierno cuenta con las mayorías suficientes en el Congreso para sacar adelante lo que quiera.
Pero, esa realidad en el poder legislativo no es sinónimo de fortaleza en la mesa ni ante la opinión pública.

Los episodios más recientes así lo demuestran, toda vez que el Presidente Santos ha decidido dar pasos afanosos, presentó iniciativas inconvenientes y se metió en la peligrosa camisa de fuerza de un plazo definido.

Recordemos que le anunció al país la terminación de un acuerdo sobre justicia que todavía se está discutiendo.

Llevó al parlamento un proyecto de acto legislativo con el objeto de ir preparando las herramientas para la implementación de los acuerdos , que no pasa de ser una iniciativa unilateral minada de vicios de inconstitucionalidad.

Quiere que se apruebe un plebiscito hecho a la medida para que los colombianos le digan sí a los acuerdos sin mayores dificultades.

Y, como si fuera poco, sigue pasando las hojas del calendario con el que se comprometió, no obstante que está manejando un reloj distinto al de las Farc.

Tanto es así que esa organización proclama que el término de seis meses no ha empezado a correr.

Por otra parte, en medio de tantas nubes grises, ha omitido dar señales suficientemente claras con respecto a los consensos que ha propuesto la oposición democrática.

Uno acerca de la justicia antes de que cierre el acuerdo con Timochenko, y el otro sobre el mecanismo para que los ciudadanos digan si aprueban o rechazan los acuerdos.

¿Será que está transitando por el camino que conduce a la legitimidad de lo que se convenga y a su estabilidad en el futuro?

Muchos creemos que no.

Estos dos requisitos, que son indispensables para que se pueda avanzar hacia la paz, solamente se cumplirán si la verdadera mayoría de los electores se pronuncian a favor del contenido de los documentos que suscriban el Gobierno y las Farc.

En caso contrario, todo será precario, el porcentaje de votación exigido reflejará el resultado de una maroma acomodaticia y el debate no se evitará.

Esa controversia se hará de todas maneras, pero será después de que se cumplan las formalidades de la refrendación tipo entrega inmediata, en cuya aprobación están empeñados la administración Santos y la unidad nacional y tendrá lugar de manera simultánea con la aplicación de lo acordado.

En dicho escenario, los colombianos descubrirán qué fue lo que en realidad se acordó en su nombre, cuando ya no haya remedio y sabrá que su nueva realidad institucional fue definida exclusivamente con el terrorismo.

De esta manera sería ilusorio pensar en la estabilidad de los acuerdos.

Si la Constitución del 91, que es el fruto de un proceso ampliamente participativo, en el que se consideraron miles de propuestas de los ciudadanos, y que fue objeto de un cubrimiento sin antecedentes por parte de los medios ha tenido tantas reformas es fácil imaginar lo que sucedería mañana con los papeles que lleven la firma del Presidente Santos y Timochenko.

Las conveniencias nacionales indican que es mejor edificar consensos sobre temas sensibles como la justicia , por ejemplo.

Y que al mecanismo de refrendación, al igual que al canal institucional de desarrollo y aplicación de los acuerdos, debe llegarse también mediante ese camino.

Todavía se está a tiempo para dar los pasos adecuados.

Hagamos votos por que en estos momentos los mejores consejeros sean la prudencia, la paciencia y la sabiduría.

por Carlos Holmes Trujillo G.