BOGOTA (AP) —
Tras lograr que se prohibiera el porte de “dosis mínimas” de drogas, el gobierno del presidente Álvaro Uribe ahora busca que el Congreso apruebe elevar las penas de cárcel para traficantes y distribuidores de estupefacientes, se informó ayer.
El Congreso aprobó en diciembre prohibir que una persona lleve una “dosis mínima” de drogas, lo que estaba permitido desde 1994: hasta 20 gramos de marihuana y uno de cocaína era legal.
Ahora las cámaras comenzaron a debatir un proyecto de ley, introducido por el gobierno el 22 de abril pasado, reglamentando aquella prohibición y agregando modificaciones como un aumento de las penas de cárcel para traficantes, fabricantes y distribuidores.
El proyecto de ley, de 37 páginas y 45 artículos, contempla por ejemplo que las penas para los traficantes y vendedores sean de 12 a 24 años de prisión.
La ley penal actual castiga el tráfico, la fabricación y el porte de estupefacientes (por encima de las que eran consideradas dosis mínimas) con cárcel de ocho a 20 años.
La pena se podrá duplicar a 48 años de prisión en caso de que el traficante, vendedor y distribuidor utilice menores de edad o realizara su actividad en un colegio, universidad, centros cultural, deportivo, cuarteles militares, entre otros, según el proyecto y el senador Héctor Helí Rojas, quien encabeza el debate en la comisión legislativa del Senado que discute el texto.
“Eso sale (la aprobación del proyecto) del Senado antes de junio y a partir del segundo semestre de la Cámara” de Representantes, dijo en diálogo telefónico Rojas, del opositor Partido Liberal, al destacar que la parte más difícil del debate fue el año pasado, cuando se discutió la prohibición de la dosis mínima y que por eso ahora no anticipa mayores dificultades para el sí legislativo.
Explicó que el texto debe recibir cuatro votaciones, dos en cada cámara, esperando el visto bueno del Senado antes del 20 de junio, cuando culmina un período de sesiones, que se reanudan a partir del 20 de julio, o tras el asueto de mediados de año.
Expertos en el tema de tratamiento de consumidores, sin embargo, criticaron el proyecto que contempla que una persona que sea detenida con alguna sustancia sicotrópica o bajo su influencia será llevado a la estación de policía más cercana y allí un médico sicólogo determinará si se trata de un consumidor, traficante o ambos, determinándose si se le recomienda recibir tratamiento o es encausado como un narcotraficante.
El sicólogo Augusto Pérez, director de la no gubernamental Corporación Nuevos Rumbos, dedicada a la investigación y capacitación para la prevención del consumo de drogas, alcohol, entre otros, indicó que el Estado carece del músculo financiero para cumplir con partes de ese proyecto de ley, como recomendar y ofrecer el tratamiento, porque actualmente en el país dice que existen sólo unos 20 a 25 centros públicos y que pueden atender en total de 300 a 400 consumidores, es decir uno en cada 1.000.
Una investigación oficial divulgada en 2009 indica que en Colombia, con unos 45 millones de habitantes, habría al menos 300.000 personas con necesidad de tratamiento, aseguró Pérez recordando cifras citadas en el proyecto de ley.
El proyecto “no tiene ningún fundamento”, dijo Pérez en entrevista telefónica. “No hay plata con qué pagarlo, ni los profesionales, ni la infraestructura…es una cosa insensata”, dijo.