Lo importante y lo urgente. Ese es el dilema en las elecciones de mañana domingo 25 de octubre, cuando se eligen a los gobernantes de los próximos cuatro años. Hay varios asuntos que tienen las dos características y ahí debe jugar la astucia de las entidades y organizaciones que tienen en sus manos que todo ocurra en el marco de la normalidad, sin alteraciones ni obstrucciones.

El llamado que hizo Jorge Enrique Calderón Chacón, defensor delegado para la prevención de riesgos de violaciones a los derechos humanos, al ministro del Interior, Juan Fernando Cristo Bustos, para sobre la situación de riesgos de actos de perturbación y de alteraciones del orden público con posterioridad a la jornada electoral de mañana, tiene las dos connotaciones: urgente e importante.

El Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo ha identificado el riesgo de disturbios y asonadas durante y posterior a la jornada electoral del domingo 26 de octubre de 2015, en 85 municipios de 22 departamentos del país. De estos, seis municipios que están en alerta son del departamento del Cesar: Codazzi, Astrea, Becerril, Chiriguaná, La Jagua de Ibirico y Pailitas.

El comandante de la Policía en el Cesar, coronel Faiber Hugo Martínez, afirma hoy en entrevista con EL PILÓN que en los últimos dos meses han trabajado en la planeación y seguimiento al proceso en los diferentes municipios para garantizar que la jornada se lleve en total tranquilidad, y reafirmó que para cumplir este propósito cuenta con 3.300 hombres que estarán atentos y vigilantes.

Los ánimos en el departamento del Cesar están un poco caldeados, se nota la tensión en las campañas de los diferentes candidatos a gobernación, alcaldías, concejos y asamblea, eso es innegable, y entre los seguidores de unos y otros. Esta es una cita con la democracia, no con la violencia ni con los enfrentamientos, es una jornada en la que debe primar la civilidad, el respeto y la coherencia.

Nos unimos al llamado que hace la Defensoría del Pueblo al Gobierno Nacional, principalmente a la fuerza pública para que refuerce la seguridad en los puestos de votación, en las instalaciones de las registradurías, edificios públicos, sedes políticas y agregamos, medios de comunicación; así como a la Registraduría Nacional del Estado Civil para que tome haga todas las previsiones que aseguren la información y los datos electorales, para que no se vean afectados los escrutinios ante la eventual ocurrencia de ataques contra los puestos de votación y sedes de esta entidad.