A 40 días para que se dé la salida de clases de los estudiantes y entren a su periodo vacacional, el Ministerio de Educación hizo la distribución de recursos para la cofinanciación del servicio de alimentación escolar en las entidades territoriales beneficiarias de regalías directas para finalizar el año.

El contrato de alimentación escolar es financiado por la Nación y la Secretaría de Educación certificada, en este caso Valledupar, que es totalmente independiente a la del Cesar. Lo anterior, conforme a lo dispuesto en el artículo 145 del Decreto 4923 de 2011, que señala la cofinanciación por parte del Gobierno Nacional de los programas y proyectos de alimentación escolar que venían siendo financiados con recursos de regalías directas por las entidades territoriales.

Según informó el secretario de Educación Municipal, Asdrúbal Rocha Lengua, existe el dinero girado por el Ministerio por recursos cercanos a 3.400 millones de pesos, pero el Municipio deberá buscar unos mil millones para completar el segundo semestre educativo del 2015.

“Seguimos trabajando normalmente con el operador, hoy (ayer) tuvimos problemas en Patillal y zona indígena por temas logísticos, pero ya estamos trabajando de forma normal y así queremos terminar el año lectivo”, aclaró el secretario Asdrúbal Rocha Lengua.

Los departamentos beneficiados deben realizar los respectivos giros a los municipios que venían invirtiendo sus regalías en programas y proyectos de alimentación escolar; el Ministerio brindará oportunamente las orientaciones para su debida distribución.

Dichos recursos del eje central contribuirán a la permanencia escolar de los niños y jóvenes, mientras entra en operación el Sistema Nacional de Regalías y se prioriza desde las entidades territoriales, este tipo de proyectos.

Cabe recordar que los recursos asignados para garantizar la gratuidad no podrán ser destinados a cancelar gastos de personal o contratos por servicios personales indirectos (personal supernumerario, honorarios, jornales, remuneración de servicios técnicos), para la prestación del servicio público educativo.

Por Carlos Mario Jiménez
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