Yancy Bueno Contreras, alcaldesa del municipio de Becerril, Cesar, en el periodo 2008-2011, es una de las exmandatarias más investigadas por la Fiscalía General de la Nación por delitos contra la administración pública con procesos que fueron trasladados a Bogotá y otros que avanzan en la Fiscalía 12 seccional de Valledupar.

Según las investigaciones de la Fiscalía, la corrupción durante la administración de Yancy Bueno llegó a tal punto que hasta su hermana Darlin Bueno Contreras resultó implicada en uno de los más grandes desfalcos en este municipio, por lo que fue capturada por el CTI en el barrio Los Rosales de la capital del Cesar.

Ayer, Darlin fue presentada ante el Juzgado Promiscuo de Becerril para ser judicializada por el delito de peculado por apropiación y se declaró culpable. La mujer aceptó la imputación que le hizo la Fiscalía por haber fraguado la Unión Temporal Villa Luz a la cual le fue adjudicada un contrato de 3.180 millones de pesos para la construcción de 180 soluciones de vivienda de interés social tipo uno, en el proyecto denominado urbanización Villa Luz de Becerril.

Las investigaciones arrojaron que el contrato fue asignado a ‘dedo’, sin licitación, sin pólizas de cumplimiento ni fiducia para las obras en las que fueron detectadas deficiencias valoradas en 1.991 millones de pesos.

“Se construyó un remedo de obra, inhabitable aunque hay gente viviendo allí porque invadieron ante la necesidad, pero las casas no han sido entregadas oficialmente”, precisó el fiscal 12 seccional de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública, William García durante la audiencia en que solicitó la medida de aseguramiento consistente en detención domiciliaria.

Más implicados
En el marco de esta investigación, el pasado 12 de agosto el CTI capturó a Soraya Cristina Pinto Borrego, de 50 años, exalcaldesa encargada, además exsecretaria de Planeación y Obras Públicas de Becerril durante el mandato de Yancy Bueno Contreras.

De igual forma fueron capturados: la contratista Edna María Henríquez Arellanos; el secretario de Hacienda Municipal para la época de los hechos, Gregorio Ignacio García Cárcamo y Sergio Rafael Acosta Díaz, actual candidato del Partido Conservador al Concejo del municipio de La Paz, Cesar. Todos se declararon culpables de los delitos de peculado por apropiación y contrato sin cumplimiento de requisitos legales y fueron cobijados con ‘casa por cárcel’.

Soraya Pinto durante su encargo como alcaldesa mediante decreto 0104 del 27 de diciembre del 2010, suscribió el contrato con la Unión Temporal Becerril Villa Luz, representada legalmente por Hernández Arellanos. Y la licencia de construcción de las viviendas en mención fue autorizada por la misma funcionaria, pero en su condición de secretaria de Planeación y Obras Públicas, a nombre de Katty Milena González Maestre, de Inversuministro SMIL SAS, siendo su representante legal Sergio Rafael Acosta Díaz.

Para la ejecución del proyecto, mediante resolución 0528 del 23 de agosto de 2011, se ordenó el pago de 180 millones 460 mil pesos a nombre de la Unión Temporal Becerril-Villa Luz, sin estudios técnicos ni jurídicos. Luego con la resolución 0993 del 30 de diciembre de 2012, la administración municipal le pagó tres mil millones de pesos.

De los primeros cuatro capturados, Edna María Henríquez Arellanos fue quien más comprometió con sus declaraciones a la fisioterapeuta Darlin Bueno Contreras, al asegurar que gran porcentaje de los recursos del contrato se los entregó a ella.

“Cada vez que Edna en su calidad de representante legal de la Unión Temporal retiraba del banco dinero del proyecto, el 95 % de las oportunidades el dinero iba a parar manos de Darlin”, así explicó el fiscal la confesión de una de las implicadas.

Los primeros cinco capturados por esta investigación se allanaron a los cargos, por lo que próximamente serán condenados. Según la Fiscalía hay más implicados y habrá más capturas por el desfalco de Villa Luz.

“Se construyó un remedo de obra, inhabitable aunque hay gente viviendo allí porque invadieron ante la necesidad, pero las casas no han sido entregadas oficialmente”: William García, fiscal.

Por Redacción Judicial / EL PILÓN