Con destitución e inhabilidad de 10 años para ocupar cargos públicos, sancionó en primera instancia la Procuraduría General de la Nación al exasesor Jurídico de la Gobernación del Cesar durante el gobierno de Cristian Moreno, Manuel Jerónimo Manjarrés Correa.
Con destitución e inhabilidad de 10 años para ocupar cargos públicos, sancionó en primera instancia la Procuraduría General de la Nación al exasesor Jurídico de la Gobernación del Cesar durante el gobierno de Cristian Moreno, Manuel Jerónimo Manjarrés Correa.
La sanción obedece a irregularidades contractuales cuando se desempeñó en el cargo.
La medida también cobija a Rubén Darío Carrillo en su calidad de Secretario de Gobierno encargado de las funciones de despacho del gobernador del Cesar, para quien ordenó la suspensión por seis meses, sin habilidad especial para ejercer función pública.
Según el Ministerio Público, las irregularidades están relacionadas con la celebración, mediante contratación directa, de un convenio de cooperación para “apoyar estrategias de comunicación directa de la administración departamental a través de la rendición de cuentas en Aguachica (Cesar)” por más de 108 millones de pesos, omitiendo el trámite de pública convocatoria de oferentes y selección objetiva de oferentes, que debía adelantarse teniendo en cuenta las características de esta contratación.
La Procuraduría concluyó que como implicaba una contraprestación del contratista al Departamento, la Gobernación no podía recurrir al esquema de contratación previsto en el artículo 355 constitucional, bajo el cual se fundamentó la firma de este convenio.
Reconoció el Ministerio Público que debido al perfil profesional de Carrillo García, quien es arquitecto, él se acogió al concepto jurídico que al respecto emitió el asesor jurídico quien fue quien estructuró y justificó la modalidad de contratación que finalmente se escogió, por lo que quedó establecido que la celebración del convenio fue avalada por parte de Manjarrés Correa, quien en ejercicio de sus funciones emitió un concepto jurídico favorable al respecto, permitiendo que la administración departamental desconociera el régimen legal aplicable en este caso.
A este fallo le cabe apelación, debido a que fue en primera instancia.
La sanción obedece a la contratación directa para la rendición de cuentas en Aguachica.
Redacción
Con destitución e inhabilidad de 10 años para ocupar cargos públicos, sancionó en primera instancia la Procuraduría General de la Nación al exasesor Jurídico de la Gobernación del Cesar durante el gobierno de Cristian Moreno, Manuel Jerónimo Manjarrés Correa.
Con destitución e inhabilidad de 10 años para ocupar cargos públicos, sancionó en primera instancia la Procuraduría General de la Nación al exasesor Jurídico de la Gobernación del Cesar durante el gobierno de Cristian Moreno, Manuel Jerónimo Manjarrés Correa.
La sanción obedece a irregularidades contractuales cuando se desempeñó en el cargo.
La medida también cobija a Rubén Darío Carrillo en su calidad de Secretario de Gobierno encargado de las funciones de despacho del gobernador del Cesar, para quien ordenó la suspensión por seis meses, sin habilidad especial para ejercer función pública.
Según el Ministerio Público, las irregularidades están relacionadas con la celebración, mediante contratación directa, de un convenio de cooperación para “apoyar estrategias de comunicación directa de la administración departamental a través de la rendición de cuentas en Aguachica (Cesar)” por más de 108 millones de pesos, omitiendo el trámite de pública convocatoria de oferentes y selección objetiva de oferentes, que debía adelantarse teniendo en cuenta las características de esta contratación.
La Procuraduría concluyó que como implicaba una contraprestación del contratista al Departamento, la Gobernación no podía recurrir al esquema de contratación previsto en el artículo 355 constitucional, bajo el cual se fundamentó la firma de este convenio.
Reconoció el Ministerio Público que debido al perfil profesional de Carrillo García, quien es arquitecto, él se acogió al concepto jurídico que al respecto emitió el asesor jurídico quien fue quien estructuró y justificó la modalidad de contratación que finalmente se escogió, por lo que quedó establecido que la celebración del convenio fue avalada por parte de Manjarrés Correa, quien en ejercicio de sus funciones emitió un concepto jurídico favorable al respecto, permitiendo que la administración departamental desconociera el régimen legal aplicable en este caso.
A este fallo le cabe apelación, debido a que fue en primera instancia.
La sanción obedece a la contratación directa para la rendición de cuentas en Aguachica.
Redacción